Los de abajo

Este fin de semana la región Centro-Pacífico del Congreso Nacional Indígena (CNI) celebra su vigésima primera reunión en el poblado de Mesa del Tirador, en la comunidad wixárika de Wuatla, Jalisco. Se trata de una mesa de trabajo ampliada a la que asisten representantes indígenas del norte y sur del país.

El pueblo wixárica de Mesa del Tirador, sede de este encuentro, demanda la restitución de 3 mil hectáreas que hace más de 40 años fueron invadidas por ganaderos mestizos de Puente de Camotlán, Nayarit (en total les arrebataron 28 mil hectáreas, pero en el año 2000 les fueron restituidas 3 mil, y otras 22 mil en 2006). En Huajimic, otra comunidad huichola de la misma región, se lucha actualmente por recuperar 10 mil hectáreas invadidas también por ganaderos.

En la reunión de esta red nacional se abordará el impacto de las políticas gubernamentales en los pueblos indígenas, el fortalecimiento de la autonomía indígena por la vía de los hechos, la resistencia de la identidad indígena frente a la dominación de la cultura occidental y, por supuesto, el fortalecimiento del CNI (espacio construido hace 12 años que rechaza “reproducir las formas de dominación o de control con las que nos han oprimido los grupos de poder en el país, sino por el contrario, establecer nuevas formas de vivir la democracia…”).

Los pueblos indios llegan a Mesa del Tirador en el contexto de una severa destrucción de sus territorios y cultura por parte de latifundistas y gobernantes, y el recrudecimiento de las leyes y políticas oficiales tendientes a la privatización de “tierras, territorios, base alimentaria y cultura”. Otro ingrediente que se incorpora a esta asamblea es la actual campaña militar y paramilitar que busca “el exterminio definitivo” de las comunidades zapatistas de Chiapas.

En la convocatoria el CNI advierte: “ante la firme voluntad del Estado mexicano de no reconocer los derechos fundamentales de nuestros pueblos, éstos han decidido ya no solicitar el reconocimiento legal de sus derechos y sí ejercer tales derechos y la autonomía en los hechos. La unidad de los pueblos indígenas del país y el fortalecimiento inmediato del CNI son dos tareas urgentes para afrontar la realidad cotidiana de nuestros pueblos”.

Nacido como fruto del Foro Nacional Indígena convocado por el EZLN en enero de 1996, en esta reunion el CNI busca también discutir “la posibilidad de realizar un gran encuentro nacional que pudiera concluir en una asamblea o en un nuevo congreso”.

NEW LOCATION:



Xican@ Records & Filmpresents
THE 11th Annual FARCE OF JULY
Friday, July 4th, 2008
2pm-10pm
$10.00all ageskids & elders free
SELF HELP GRAPHICS3802 CESAR CHAVEZ AVENUE @ Gage Ave.East Los Angeles, CA 90063
Live music, DJ's, Speakers, Food, Vendors, Teatro, Poetry, Art, Danza


Performers
2MexMedusaKiwi Jroz & DJ EthosAztlan Unearthed In Lak Ech Olmeca Victor E Skim RedMaya JupiterSin MiedoFlatbush Teatro M3Sherman AustinChicano Secret Service Faith Santilla

HEAR SOME OF THE PERFORMERS MUSIC AT:http://www.youtube.com/watch?v=uQHpb827T3k

SPEAKERSPeace & Dignity JourneysSouth Central FarmersZapatista Struggle UpdateCommunities for a Better EnvironmentMaiz ( de San Jose) re: The International Migrant Conference in Chinaand more!

MC's throughout the dayFidel RodriguezXarisToltekaMixpe


Tickets available NOW at http://www.groovetickets.comKeyword: "farce"

OR AT YOUR LOCAL COMMUNITY CULTURAL STORES:

MI VIDA1325 Huntington Drive, South Pasadena, CA 91030T.323.257-0103 // http://www.myspace.com/shopmivida


CULTURA Y MAS9525 E. Slauson Ave, Pico Rivera, CA 90660T.562.222-1350 // http://www.myspace.com/culturaymasinc


IMIX BOOKS5052 Eagle Rock Blvd, Eagle Rock, CA 91114T. 323.257.2512 // http://www.myspace.com/imixbooks

TEOCINTLI2717 E. 4th Street, East Los Angeles, CA 90033T. 323.266.2117 // http://www.myspace.com/teocintli



"The Farce" is a Benefit for the Peace & Dignity RunThis year's Farce is a benefit for the Peace & Dignity Journey, a spiritual run that crosses, North, Central and South America in a journey through hundreds of indigenous communities to dialogue about peace & dignity and native/indigenous traditions.
For more information, updates, and photos of the P&D Run please check out the website at http://www.peaceanddignityjourneys.com
The run will be in the Los Angeles area July 18-20, and they will be staying at El Sereno Middle School and making short stops at La Culebra, Proyecto Jardin, 1st Street Projects, and the South Central Farm.

Please mark your calendars and consider visiting the runners, and sacred prayer staffs they carry or be a part of the community gatherings/convivios. Look for more information soon or at the P&D website.
http://www.peaceanddignityjourneys.comhttp://www.myspace.com/xicanorecordsandfilm

Los de Abajo

Donaldo Zitalapa es uno de tantos jornaleros mexicanos que se gana la vida en Estados Unidos. Un día de mayo estaba apostado frente a la casa comercial Home Depot, en Colma, San Francisco, en espera de que algún contratista le diera trabajo por hora. Hasta los trabajadores migrantes llegó el asiático Danny Ho y contrató a Donaldo para laborar en una casa del distrito de Sunset, donde le encargó varias tareas prometiéndole un pago de 10 dólares por hora.

Cuando terminó la jornada, Ho le indicó que lo contrataría también al día siguiente y le pidió que llevara a dos trabajadores más. Donaldo llegó puntual junto a su hermano Horacio y un amigo, quienes trabajaron casi una semana sin recibir pago, hasta que, al sexto día, Ho les dio 120 dólares que dividieron entre los tres.

La tríada de jornaleros regresó a seguir prestando sus servicios a Ho cuatro días más, hasta que se dieron cuenta de que el patrón no tenía ninguna intención de pagarles ni un dólar más y renunciaron. El abuso del que fueron víctimas estos tres mexicanos hubiera parado ahí, como el de tantos otros, si no fuera porque decidieron acudir al Centro Legal La Raza, con sede en La Misión, San Francisco, para pedir ayuda. Ahí examinaron su caso (gratuitamente) y los asesoraron. Los hermanos Zitalapa decidieron demandar al contratista.

La estrategia de La Raza consistió primero en presionar a Danny Ho, no sólo por los casos mencionados, sino porque se encontró a otras nueve personas explotadas por él. A su casa llegaron activistas y trabajadores de origen latino y asiático, con pancartas y gritos lo persiguieron por cuatro cuadras, exigiéndole 4 mil dólares por horas de trabajo no pagadas, tiempo extra y multas por no cubrir los salarios de los dos jornaleros y del resto de los trabajadores.

Mientras Ho corría por las calles de North Beach, los manifestantes le gritaban: “¡Páguele a los trabajadores!” “¡Respeto para los jornaleros!”. Finalmente lo alcanzaron y visiblemente enojado, los increpó: “No pueden estarme siguiendo a todos lados”. La respuesta de los defensores fue: “Si usted no viene a hablar con nosotros, vamos a estar aquí todos los días”. El resultado fue que Ho se comprometió a hablar con los demandantes y a negociar una salida. Si no cumple, el grupo prometió regresar a su domicilio.

Danny Ho tendrá que responder. La explotación es una práctica común contra los trabajadores migrantes de origen latino y asiático, y en la mayor parte de los casos se queda en la impunidad.

JUNE 2008 CHIAPAS / ZAPATISTA NEWS SUMMARY

1. TWO Zapatista Political Prisoners Released! - On June 2, Francisco Perez Vazquez and Angel Concepcion Perez Gutierrez, father and son, Zapatista political prisoners in Yajalon, Chiapas, were freed after nearly 12 years in prison. The 2 Zapatista support bases were incarcerated in Tacotalpa, Tabasco, in July 1996, accused and declared guilty of a murder which they did not commit. (Witnesses placed them in another village at the time of the murder.) As a move preliminary to their release, on April 24 of this year they were transferred to Yajalon after mobilizations in Chiapas, Tabasco, nationally and internationally to free them. Francisco is in his seventies and Angel has had an untreated infection for years. Both are in poor health. Francisco and Angel are the two prisoners Subcomandante Marcos was allowed to visit during his 2006 Other Campaign tour. They were included in the petition the Chiapas Support Committee circulated in March and April as part of the campaign to free political prisoners in Chiapas. On behalf of both men, don Angel thanked all those who took action to obtain their freedom.

2. Army and Police Incursions in La Garrucha Region - On June 4, a convoy of 200 Mexican Army troops in tanks and trucks, together with state and local police, attempted to enter the Zapatista Caracol of La Garrucha, autonomous municipality of Francisco Gomez in the canyons of the Lacandon Jungle. After La Garrucha’s residents turned them away, they painted their faces black and tried to enter the nearby Zapatista ejido of Hermenegildo Galeana, saying they were “looking for drugs.” Galeana’s residents came out to meet the troops and, armed with only their machetes, sticks, stones and slingshots, drove the convoy away. Another attempt to enter a Zapatista community took place at the village of San Alejandro on recuperated land just down the road from La Garrucha. Again, San Alejandro’s residents met the troops armed with only their machetes, sticks, stones and slingshots and turned the soldiers and police away. The commander in charge of the troops threatened that they would return in 15 days. That time has elapsed and no troops have returned yet. The EZLN considers this move against a Caracol to be a serious provocation.

3. Final Version of “Plan Mexico” Approved - On June 26, the authorization of funds for the Merida Initiative (H.R. 6028) passed the United States Senate. The Senate appropriated $465 million: $400 million for Mexico and $65 million for Central America to combat drug trafficking in the first year of a 3-year plan. The Merida Initiative is dubbed “Plan Mexico” by critics because of its similarity to the failed Plan Colombia which only increased both drug production and violence. The plan authorizes $1.6 billion dollars for equipment to fight drug trafficking over the next 3 years, although each year of the plan requires a separate appropriation of funds. The original Senate version attached conditions that would require Mexico to correct some of its most egregious violations of human rights. The two differing versions were “reconciled” by removing the strict conditions and, instead, calling for “consultations” in the case of human rights violations committed by troops who receive the military aid. Much of the funding appropriated will go to U.S. defense contractors for helicopters and equipment. The rest is for Mexico’s security forces. On June 30, President Bush signed the Merida Initiative into law along with the Iraq War Funding Bill. “Plan Mexico” was attached to the war funding bill as an amendment. Some analysts believe that this legislation is a foot in the door for the secretive Security and Prosperity Partnership (SPP) which seeks to secure NAFTA’s economic space through militarization.

4. Plan Puebla-Panama is Renamed the Mesoamerica Project - At the end of June, the presidents of Mexico and the Central American countries, plus the Prime Minister of Belize, the presidents of Colombia and the Dominican Republic, as well as the governors of the Mexican states of Puebla, Veracruz, Tabasco, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Campeche and Yucatan met together in the Mexican city of Villahermosa, Tabasco, for the 10th Tuxtla Summit on the Plan Puebla-Panama (PPP). They all agreed to rename it the Mesoamerica Project and to reduce the 100 points for development to 5 megaprojects: electricity, highways, telecommunications, cybernetic information and health. Launched in 2001 by former Mexican president Vicente Fox, the PPP generated tremendous controversy and opposition in civil society throughout the region encompassed by the plan. Indeed, its critics organized national and international conferences to coordinate opposition to the PPP. The addition of a social aspect (health) to the project may be to soften the impact of its more controversial aspects, like electricity and highways, both of which imply the displacement of indigenous people.

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Compiled monthly by the Chiapas Support Committee.

The primary sources for our information are: La Jornada, Enlace Zapatista and Fray Bartolome de las Casas Human Rights Center.

We encourage folks to distribute this information widely, but please include our name and contact information in the distribution. Gracias/Thanks.
News Summaries from previous months are posted on our web page:
http://www.chiapas-support.org
Chiapas Support Committee
P.O. Box 3421
Oakland, CA 94609
Tel: (510) 654-9587
Email: cezmat@igc.org

Reportaje sobre la ASPAN
(Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) y su relación con la militarización y el despojo en Chiapas, con entrevistas (realizadas por el Grupo Basta de Alemania en la ciudad de México) a Laura Carlsen, Directora del Programa de las Américas del Centro de Políticas Internacionales en Washington, y a Marco Antonio Velázquez Navarrete de la Red Mexicana de Acción contra el Libre Comercio. (español - 13 min)



Reportaje en La Garrucha sobre la represión en Chiapas y la reciente incursión militar en la región de La Garrucha, con entrevistas a Hermann Bellinghausen y Gloria Muñoz de La Jornada. (español - 13 min)



Entrevista completa con Hermann Bellinghausen de La Jornada en el caracol de La Garrucha sobre la represión y militarización en Chiapas y la reciente incursión militar. (Realizada junto con Regeneración Radio.)
(español- 41 min)



Entrevista con Alejandro de Radio Zapatista en el caracol de Garrucha sobre la represión y militarización en Chiapas y la reciente incursión militar. (Realizada junto con Regeneración Radio) (español - 13 min)

Escrito por Silvia Gabriela Hernández, Kiado Cruz, Rubén Valencia
sábado, 28 de junio de 2008

Este artículo se preparó para la publicación de la Revista la Guillotina con el tema repensar la izquierda en México.

“Este no es un movimiento de líderes sino de bases”


La APPO nunca ha sido una organización sino el nombre de un movimiento. La crisis actual no representa una ruptura, que se da en esta coyuntura, entre los actores o grupos dentro de la APPO sino más bien un rasgo de la esencia de este movimiento. Es el resultado natural de un proceso en el cual algunos de sus actores han querido definir a este movimiento como si fuera una organización o un partido político; pretendiendo apropiarse de él y montarse en su representación. La lucha de la APPO no ha sido solamente en contra del gobierno de Ulises Ruiz sino en contra de todos los autoritarismos, presentes aún en los pueblos, las colonias y las organizaciones sociales. Esta lucha en contra del autoritarismo se extiende a muchos ámbitos, incluída la misma sección 22 donde, por mencionar un ejemplo, en su momento los maestros se deshicieron del liderazgo de Rueda Pacheco.

Para entender lo que está sucediendo en Oaxaca debemos remontarnos a su pasado inmediato. En principio, cabe recordar que somos el Estado con mayor diversidad cultural del país y con mayor población indígena; de 570 municipios, 418 se rigen por sistemas normativos internos (asambleas). A través de la lucha por la autonomía indígena se ha logrado el reconocimiento parcial de sus sistemas de gobierno; sin embargo, se sigue luchando por el pleno derecho a autogobernarse. Además, Oaxaca es un Estado que históricamente ha generado diversos movimientos sociales. Ya en el pasado se destituyó a tres gobernadores, el último a finales de los setenta.


Cuando concluía el sexenio de José Murat, el “gobernador” anterior a Ulises Ruíz, había una política de “dinero o plomo”, o sea, o te compraba o te reprimía. Incluso antes de éste, en el sexenio de Diódoro Carrasco también se imprimió un sello “duro”. Aún así, muchos pueblos, organizaciones y regiones enteras estaban dando la pelea por ejercer el derecho a autogobernarse. Como los casos de Loxichas, Unión Hidalgo, San Blas Atempa, Xanica y Benito Juárez en los Chimalapas, por mencionar algunos. Las organizaciones sociales, por su parte, también habían sufrido una política represora de los gobiernos estatales; hubo una fase de desmovilización y desarticulación de los movimientos y sectores en lucha. En este escenario se da en Oaxaca, por primera vez, la presencia de un candidato de “centro izquierda” que había sido funcionario del gobierno estatal, y que compitió por la gubernatura contra Ulises Ruiz.

En evidente fraude, y en medio del descontento de la población, llega al poder Ulises Ruiz con la consigna “ni marchas, ni bloqueos ni plantones” y, de manera autoritaria, cambia la sede de los poderes de gobierno (que ya se estaba preparado desde antes), lleva la sede del ejecutivo a un pueblo que está a media hora de la ciudad capital; también sacaron de la capital la sede del poder legislativo y actualmente, se continúa esta política, con la construcción de la ciudad judicial en el municipio de Reyes Mantecón. Así es como se da el banderazo para convertir a Oaxaca en una ciudad al servicio del turismo, una especie de Disneylandia colonial, siguiendo el plan con una serie de remodelaciones para reconfigurar el paisaje urbano: la más visible es la remodelación de Zócalo donde con exceso de dinero y autoritarismo se cortan árboles y levantan pisos centenarios de cantera para crear un espacio más afín a los “extravagantes” gustos de la clase gobernante. Además, se lleva a cabo un robo millonario al patrimonio cultural y al presupuesto. El gobierno consintió la ampliación de las instalaciones de la terminal de autobuses hacia los terrenos del barrio de Jalatlaco, uno de los más antiguos de la ciudad, generando con esto una gran inconformidad que originó la formación de un consejo ciudadano en este barrio.

Por otro lado, el gobierno de Ulises Ruíz emprendió una campaña de hostigamiento en contra del periódico Noticias, que incluyó la usurpación de sus bodegas e instalaciones; esto como venganza porque su director apoyó la campaña de su opositor “más cercano” en las elecciones a gobernador, quien según el imaginario de la gente había ganado la elección.

En todo este contexto la Sección 22, que aglutina al magisterio oaxaqueño, empezó el 15 de mayo, como cada año, un paro de labores en exigencia de una serie de demandas, entre las cuales se encuentra el aumento salarial por la vía de la rezonificación por vida cara (que el salario refleje el costo de vida en Oaxaca). Cabe aclarar que estas movilizaciones del magisterio no contaban con todo el respaldo de la gente, por distintas razones. Aún así y por todo lo anterior, cuando el 14 de junio la policía del Estado entra al Zócalo de la Ciudad a desalojar a los maestros y los reprime brutalmente provoca espontáneamente una solidaridad como no se había visto antes hacia el movimiento magisterial.


Los partidos políticos y las organizaciones verticales

El 5 de agosto del 2007 los pueblos de Oaxaca volvieron a demostrar que no están dispuestos a participar ni mucho menos a creer en la “democracia” burguesa y capitalista. Y lo hicieron con una mayor contundencia que en otras ocasiones de significación coyuntural. El día de las elecciones para el Congreso estatal, más del 80% de la población se abstuvo de ejercer su voto. Aun ante estos hechos innegables, algunos detractores prefirieron buscar excusas ante lo sucedido, a pesar de que ellos mismos entienden perfectamente el mensaje popular de la masiva e intencional abstención electoral: que ya nadie cree en instituciones que sirven para que, en nombre del Pueblo, los “políticos” y sus amigos trabajen a favor de sus intereses privados y de grupo.

No nos importan los pleitos sobre los fraudes del PRI ni las disputas entre partidos por la supuesta legalidad o ilegalidad de un Congreso conformado únicamente por integrantes de un solo partido que sirven a un solo interés. Por ello creemos que lo realmente importante es el hecho de que el sistema en su totalidad es un fraude. ¿Acaso no lo es un sistema político que crea un poder ajeno a los ciudadanos que dice representar y que se intenta legitimar cuando sólo 20% de la población en edad de votar lo “elije”?. Esto sin descontar a quienes votaron por el PRI bajo amenazas, engaños, compra de votos y sin contemplar las cifras maquilladas. Saben que no son legítimos, saben que el 5 de agosto representó un paso más del pueblo oaxaqueño en su lucha por la liberarse de la tiranía y por el respeto a su dignidad.

Actualmente en Oaxaca el debate al interior de la APPO y del movimiento social se ha polarizado. Y los medios masivos de comunicación han cumplido su papel de confundir los motivos de este debate: posicionan a su arbitrio, de un lado a los “moderados” y del otro a los “radicales e intransigentes”. Convenientemente enfatizan la división entre el bloque electoral de la APPO y los “grupos fuera de control”, como los denominan. Pero para nosotros no hay tal división simplista, por el contrario, el proceso de reorganización es más mucho más diverso y complejo que eso. No hay duda que hay personas honestas que creen que participando y proponiendo candidatos pueden eliminar la tiranía existente en Oaxaca o que proponiendo leyes se puede cambiar la relación de la sociedad con el Estado. Sin embargo, en un movimiento de movimientos como el que se ha generado desde el 2006 creemos, intuimos, que el proceso va más allá de cambios cosméticos y reformas en las leyes e instituciones “democráticas”. Lo que se está confrontando aquí es una visión de “desarrollo” y “progreso” que está dispuesta a arrebatarnos todo, y se está enfrentando con la construcción de muy diversos caminos hacia una vida digna y justa tanto en el campo como en la ciudad.

Hay organizaciones que se centran en la “democratización” de las instituciones. ¿A qué se refieren con esto? Si desde hace casi dos décadas se dejó de hablar de socialismo para entregarse al capitalismo y se empezó a “luchar” en nombre de la “democracia”. Pero para entender estos nuevos conceptos debemos remontarnos a su origen.

El significado original de la palabra “democracia” viene del griego y significa el “poder del pueblo”, sim embargo, para nada se ajusta a su sentido original. El capitalismo y sus secuaces han intentado hacernos creer que la forma de gobierno “democrática”, supuestamente basada en la participación del pueblo en la toma de decisiones, era y es la única forma de organización política, o al menos la menos imperfecta. Entre los mismos griegos de donde surgió el concepto de democracia, lo que se denominaba “pueblo” no era más que una clase de la “alta sociedad”, “iluminados” porque eran los “únicos” capaces de decidir sobre el bien común, al mismo tiempo que marginaban, oprimían y reprimían al resto de la población. Esta política que los poderosos y los ricos llaman “democracia” despoja a los pueblos de su derecho a decir su palabra y de su capacidad para decidir sobre su propia vida. Esta idea se basa en el supuesto de que el Pueblo “no sabe” lo que quiere y “no puede” gobernarse a sí mismo, y constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se intenta justificar la represión, que supuestamente sirve para salvaguardar el “orden institucional”, el “estado de derecho” y la “paz”.

Pero en Oaxaca la mayor parte de los pueblos, sobre todo los pueblos indígenas, tienen claro todo esto. En realidad, lo han sabido siempre. Y su respuesta ha sido siempre la misma: luchar por el derecho pleno a gobernarse a sí mismos, a través de prácticas que, sin ser perfectas, intentan subordinar el poder a la decisión colectiva. De igual forma, la práctica organizativa y el espíritu de las barrikadas que se levantaron durante la movilización popular recreaba también la autoorganización y, que a pesar de los tiempos represivos y de alerta en los que se vivía, manifestaba una vitalidad y una confianza en la autodefensa muy lejanas del tipo de organización basada en la “democracia” que concentra el poder y la toma de decisiones en unos cuantos.

Organizaciones con controles verticales han intentado adueñarse y controlar el movimiento e imponer su visión, en los hechos estas organizaciones traicionaron al movimiento, pues, se aliaron con partidos políticos que no representan la lucha ni los principios que se generaron en el 2006. Estas organizaciones oportunistas, como el FPR y el FALP, se entregaron al reparto de apoyos y créditos financiados por el sistema a través de prebendas como las licencias de mototaxis y otras limosnas. Muchos han sido cooptados por el Estado y han vuelto a sus tranzas habituales: negociaciones en lo oscuro y obtención de recursos como paliativos de la pobreza, “institucionalizando” la lucha para volver a ser los intermediarios entre el poder y el pueblo. Por esto, es claro el reto que tienen las llamadas organizaciones civiles que nacieron como intermediarias y que ahora tienen la oportunidad de ser acompañantes de esta lucha por la dignidad de los pueblos.

En estos momentos para todos es conocido que la estructura del Consejo de la APPO ya no funciona para la reorganización del movimiento. Ni la dirigencia provisional dirigió a nadie, ni los líderes mediáticos pudieron hacerlo. No puede ni debe haber una estructura imaginaria que en alguna oficina u hotel pretenda tomar las decisiones de todos los pueblos de Oaxaca. Lo que necesitamos es seguir encontrando formas de participación que garanticen una mayor articulación. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Si se retoman los principios y se respetan los acuerdos para estar unidos en la diversidad es posible que logremos pasar a la siguiente etapa de lucha mucho más fuertes y organizados. No olvidemos esa pinta colectiva que se repetía en las consignas: éste no es un movimiento de líderes sino de bases.

El debate en torno a que únicamente se exijan cambios en las leyes y “democratización” en las instituciones provoca que se crea que lo único que podemos hacer es que las leyes cambien y que un grupo de “iluminados” las hagan cumplir. En la vía de los hechos las leyes no sirven a los de abajo, a los pueblos humildes y sencillos, sino a los poderosos del dinero. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a pensar que el poder reside sólo en las asambleas legislativas, pero nosotros consideramos que esta creencia es un grave error causado por la inercia o por el engaño. Una visión superficial de la historia nos ha hecho pensar que todo el poder llega al pueblo a través de los parlamentos. Sin embargo, el poder está en la gente y es sólo es confiado momentáneamente a quienes ésta elige como sus representantes.

Todos estos argumentos no nos hacen negar la importancia de que existan leyes “sombrilla” que puedan contribuir a que cada vez los pueblos y colonias puedan fortalecer sus procesos de autoorganización debilitados, sobre todo en las zonas urbanas, a causa de la individualización propia de la vida citadina y de este modelo de desarrollo que excluye a las mayorías para el beneficio de unos cuantos. Sin duda es muy importante impulsar desde la ciudadanía las acciones de revocación de mandato, el presupuesto participativo, el referéndum, el plebiscito, y todas las propuestas que se aprobaron en el Foro Construyendo la Democracia y la Gobernabilidad en Oaxaca, convocado por la sección 22, la APPO, las organizaciones civiles, las autoridades de los pueblos y personas, que se llevó a cabo en agosto del 2006 y en donde participaron más de 1000 personas que reflexionaron sobre los cambios que se requieren en Oaxaca.

De igual manera, nos parecen importantes las propuestas del Congreso Constitutivo de la APPO en noviembre del mismo año, así como los resolutivos de las asambleas regionales que se llevaron a cabo en el 2007 en el marco del movimiento social. Cabe resaltar las asambleas regionales como la del Istmo realizada en Ixtepec, la de Guelatao en la Sierra Norte, así como el Foro de Autonomías en Tlahuitoltepec, en la región Mixe y el Foro Estatal de los Pueblos Indígenas.

La Comunalidad como resistencia y liberación

En la actualidad el Consejo de la APPO no representa a todo el amplio y diverso movimiento social. Lo que algunos han llamado dispersión, en realidad es el hecho de que muchos espacios se han vuelto a reorganizar en sus propios lugares y en sus territorios definidos. Viene una siguiente etapa pero nadie puede prever cómo será. En las mesas de trabajo y en las plenarias de la Tercera Asamblea Estatal de la APPO, que fue la ultima y en la que no participó el bloque electoral, se definió a la APPO como un movimiento de movimientos cuyo órgano principal de gobierno es la Asamblea General. Las características principales que lo definen son la Comunalidad y la pluriculturalidad. La APPO, se dijo, debe luchar desde las bases por la construcción del poder popular. La lucha no es, pues, únicamente por derrocar al gobernador sino también para sembrar las semillas de la autonomía y el poder popular en cada rincón del Estado. Estos son algunos puntos de acuerdo que se dieron en la Tercera Asamblea. Aún cuando esta asamblea no se fortaleció es importante que se haya reconocido el carácter comunalista de este movimiento que claramente va más allá de llamarse APPO o movimiento social. Lo importante ahora es ir reflexionando desde la base y con claridad los cambios que queremos.

Debido a que se está haciendo mucho énfasis en el principio de Comunalidad como inspiración para el fortalecimiento de la APPO y del movimiento social se hace necesario plantear qué se entiende por Comunalidad.

Floriberto Díaz un activista e intelectual indígena de Oaxaca propuso, a partir de su experiencia con los pueblos indígenas, este concepto para intentar mostrar un modo de vida que está basado en la vida comunitaria de los pueblos. Desde la primera caracterización, Floriberto planteaba que la Comunalidad se constituye sobre 4 elementos fundamentales que son: el territorio comunal (uso y defensa del espacio colectivo), el trabajo comunal (interfamiliar a través de la ayuda mutua y comunitario a través del tequio como trabajo gratuito para obras en beneficio del pueblo), el poder comunal (la participación en la asamblea y el desempeño de los diversos cargos cívicos y religiosos que forman su sistema de gobierno) y el disfrute comunal (la participación en las fiestas y su patrocinio).

Este carácter de la organización política de las comunidades y pueblos indígenas se basa precisamente en su propia concepción del poder como servicio al pueblo y el asambleísmo como el modo de decisión política. Como bien lo explica Jaime Luna, “la significación del poder en una comunidad indígena a diferencia de lo que se representa en un mundo mestizo rural o urbano es muy diferente. En nuestras comunidades el poder es un servicio, es decir es la ejecución de lineamientos de una asamblea, de una colectividad. En el otro, significa el ejercicio de las decisiones de la propia autoridad que ha sido elegida a través de mecanismos electorales poco controlados por la sociedad. Una autoridad en comunidad es prácticamente un empleado al servicio de todos, un empleado al que no se le remunera, al que no se le permite diseñar, y cuando esto se da, lo diseñado puede realizarse sólo si existe la consulta. Por lo contrario, el poder político en las sociedades rurales mestizas o urbanas es lo contrario, es la posibilidad de ejecutar sus propias ideas, satisfacer sus personales intereses, la consulta no existe”. Luna también nos explica que “la asamblea es la máxima autoridad en la comunidad. En ella participan lo mismo trabajadores del campo que artesanos y profesionales. En la asamblea se trabaja siempre por consenso, aunque en muchos casos y por cuestiones prácticas se use el mayoriteo [votación]. La elección de las autoridades no refleja ninguna intención o lineamiento partidista, se fundamenta en el prestigio y éste, en el trabajo”. Una concepción del poder que hace que “nuestros obstáculos inmediatos sean los partidos políticos”.

Desde su concepción, la idea de la Comunalidad ha estado ligada a la idea de autonomía que es el ejericio de la autonomía y el poder del pueblo. Es precisamente la Comunalidad la que constituye y es capaz de crear las condiciones necesarias para el pleno autogobierno.

Benjamín Maldonado nos cuenta que la idea de la Comunalidad como principio rector de la vida india surge y se desarrolla en medio de la discusión, la agitación y la movilización, pero no como una ideología de combate sino como una ideología de identidad, mostrando que la especificidad india es su ser comunal con raíces históricas y culturales propias y antiguas, a partir de las cuales se busca orientar la vida de los pueblos como pueblos.

La Comunalidad es un concepto comprendido dentro de gran parte del magisterio y entre intelectuales indígenas oaxaqueños por su vivencia en las comunidades que en su mayoría son pueblos indígenas, así como por sus ejercicios de sistematización para explicar su realidad inmediata; la Comunalidad, en el actual contexto, no se trata únicamente del reconocimiento del modo de vida de nuestros pueblos indios y de su influencia al interior del movimiento, es también una disposición del actuar crítico y colectivo contra la imposición, la intolerancia y el partidismo electoral que sólo busca reproducir el mismo esquema de dominación que han padecido nuestros pueblos.

La propuesta de la Comunalidad puede entenderse como la igualdad de derechos y obligaciones de todos los miembros de una comunidad para participar en la decisión del destino de ésta, así como para disfrutar de sus bienes y productos.

En la APPO se reconoce este principio como inspiración del movimiento, la dificultad para su implementación al interior del Consejo fue precisamente que no había un territorio definido concreto. La ciudad de Oaxaca y las oficinas donde se reunía el Consejo no permitía que cada uno de los pueblos, organizaciones y sectores pudieran consensuar las propuestas a corto, mediano y largo plazo. Pero en esta etapa muchos se están inspirando en esta propuesta. Falta ver lo que digan las colonias o espacios urbanos.
La reorganización del movimiento

Es necesario dar la vuelta a la esquina para visualizar parte del cambio profundo que necesitamos en Oaxaca y que todos anhelamos. Parece más realista y con más probabilidad de éxito, seguir en la regeneración de un movimiento opositor, basado en la realidad actual oaxaqueña, partiendo del hecho que nadie quiere a Ulises Ruíz Ortíz ni a su gente. Hay elementos difíciles, que también pueden servir de aglutinantes para un movimiento más amplio y más unido, porque las presiones que sufren las colonias y las comunidades son muy agudas y los requerimientos de la vida cotidiana muy intensos y diversificados. Se observa con frecuencia que las iniciativas para organizar las movilizaciones y para presentar demandas a las autoridades no corresponden realmente a las prioridades o a las auténticas necesidades sino a factores circunstanciales que cuanto más atienden lo urgente pero descuidan lo importante.

Es necesario reflexionar en la acción, si nuestro movimiento es puramente ideológico o somos un movimiento que tiene un rostro y un corazón que intuimos viene de lo más profundo de nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar heredada de nuestros antepasados, que busca el bien común en el nosotros que somos la comunidad. Si esta intuición la confirmamos entre tod@s, podremos definir los caminos constructivos de esa acción y aprender del pasado, donde por no tener claridad en un proyecto de país, de estado, de barrio, de colonia o de comunidad, después de que la Revolución llegó al poder se le entregó a la burguesía reformista. Es decir, que en ese entonces no se tomó el tiempo necesario para reflexionar sobre las propuestas que atacasen los problemas desde la raíz para poder ir más allá de ese orden establecido, ejemplo del caos que se genera por no tener un programa constructivo.


A muchos les molesta que nuevas barrikadas florezcan. No precisamente las de autodefensa sino las de espacios de toma de decisiones de los colonos y donde surgen nuevas formas, creativas y novedosas de autoorganización. Creemos que será de ahí, de los colonos y comunidades que saldrá otra vez la energía de cambio y la fuerza necesaria para esa transformación profunda. Hay que darle el tiempo suficiente, escuchar y dialogar con todos los sentidos posibles y no sólo donde se impongan las ideologías, algunas ya muy caducas.



Creemos que el movimiento social, los pueblos, colonias y barrios, en los distintos escenarios de lucha, en sus declaraciones de asambleas regionales o manifiestos públicos, están construyendo el poder del pueblo para poder regirnos con autonomía, así lo vemos. El camino del poder popular y la autonomía se entrelazan pero son los modos de cómo se construye ese camino lo que ha generado las diferencias. Para nosotros lo que queda del consejo de la APPO no avanza a la misma velocidad de lo que las iniciativas o acciones de la gente sigue emprendiendo. Por eso ha permeado la confusión fuera de nuestros ámbitos de comunidad y no se ha mostrado con claridad la riqueza del proceso por el que transita este movimiento, tan plural y diverso como es la sociedad misma.

Aún con todos estos problemas nos gustaría enfatizar que el movimiento de Oaxaca sigue vivo, aún después de la represión del 25 de noviembre donde hubo más de 25 muertos, se encarceló a más de 300 compañeros, hay desaparecidos, hostigamiento policial y militar y donde todavía hay presos políticos. Se ha logrado reconocer que antes del 2006 había más de 30 presos políticos. Es cierto que por todo esto la gente ya no sale tanto a las calles, pero también es cierto que los caminos de la APPO y del movimiento social no han podido ponerse de acuerdo en esta reorganización.

Oaxaca desde antes del 2006 era el lugar con más radios comunitarias del país (más de 50), actualmente se han instalado más en distintos pueblos y comunidades, las páginas de Internet en que muestran acciones o propuestas del movimiento han crecido. Existen esfuerzos de colonias que están armando panaderías, jardínes orgánicos, talleres para niños invitando a otros colectivos o personas, en fin, son muchas las iniciativas. Pero seguimos luchando y da gusto conocer que las mujeres han creado otros espacios y que incluso hay un Encuentro de Mujeres que las reúne en las colonias, colectivos y organizaciones. Actualmente se lleva a cabo un tianguis artístico y cultural como espacio de reorganización donde se venden verduras orgánicas, trabajos artesanales y materiales de todo tipo. Se sigue adelante con la demanda de la libertad de los presos políticos. También los jóvenes graffiteros de distintos colectivos se están reuniendo para tomar los espacios públicos para las actividades artísticas y políticas que generen intercambio y difusión de la lucha.

Está el Encuentro de Jóvenes con organizaciones, colectivos y espacios juveniles que andan realizando caravanas a los pueblos y comunidades en resistencia, para aprender e intercambiar la forma en que resisten y cómo apoyarse mutuamente. O los diferentes lugares de aprendizaje que están generando espacios de reflexión en la acción sobre el movimiento, lo que es el capitalismo y cómo encontrar modos alternativos de vida para regenerar ámbitos de comunidad en la ciudad.

No estamos romantizando. Lo que decimos es que en una marcha no pueden tomarse decisiones en forma asambleista y hasta ahora sólo han sido marchas o actos políticos que no propician el que la gente pueda dar su opinión sobre lo que está pasando y asumir un compromiso en el conjunto del movimiento. Con esto no queremos decir que sólo fueron las barricadas las que recrearon asambleas, también lo hicieron los sectores de organizaciones civiles y otros espacios como lo hacen las más del 10 mil asambleas que existen en Oaxaca y que luchan por su ser comunal.

En estos momentos en México distinguimos tres grandes referentes que seguirán dando de que hablar y escuchar. El movimiento ciudadano que encabeza Andrés Manuel Lopez Obrador, la Otra Campaña impulsada por los zapatistas y la APPO o para ser más exactos, el movimiento social en Oaxaca. Serán para nosotros estos dos últimos, por su profundidad histórica, los que continuaran en el tiempo y serán sin duda referentes históricos de la lucha social en México. Para los que conocen Oaxaca a partir de la APPO, es necesario profundizar en la memoria de que nuestro Estado siempre ha luchado. Una anciana participante en la APPO ante las cámaras dijo: “Ya no estamos dispuestos a resistir otros 500 años más, luchamos por nuestra liberación”. Oaxaca por su gran diversidad en lo regional, municipal y comunitario tiene sus propias historias de lucha que contar.

Mientras tanto, sigue la represión. Utilizando el discurso de la seguridad, aumenta la presencia policíaca y con ella la delincuencia común, además de los asaltos violentos y los levantones. Siguen también la intimidación a opositores y los presos políticos como rehenes del sistema. Pero ninguna coerción de la policía y los militares puede doblegar la firme voluntad de la gente del pueblo. Desde lo más profundo de nuestra herencia hemos aprendido a vencer el miedo. Hemos aprendido a curarnos de espanto.

Creemos que la lucha está con y desde los pueblos, barrios, colonias y comunidades, en la organización más allá del sistema y de los partidos políticos cuyo interés será siempre el de alcanzar el poder o conservarlo. Pensamos que las supuestas estructuras “democráticas” están diseñadas precisamente para impedir que los cambios profundos se puedan dar, porque sólo los pueblos son los legítimos representantes de sí mismos y sólo una organización política que surja desde su realidad plural y basada en la libertad podrá alcanzar esa transformación profunda que todos y todas queremos en Oaxaca.

To the people of Mexico:
To the EZLN:
To the Other Campaign:
To the International Community:
To the media:

As members of diverse collectives and organizations in different corners of the World, we wish to express our outrage and complete repudiation of the renewed military invasion of Zapatista communities on June 4th 2008.

Numerous reports from the International Civil Commission of Human Rights Observation (CCIODH), the Centre for Political Analysis and Socio-Economic Investigations (CAPISE) and Fray Bartolome de las Casas Human Rights Centre have raised concerns regarding the continued and increasing hostility from the Mexican Government towards the Zapatistas. In these investigations it is clear that this dirty war relies upon a system that involves paramilitary organizations, institutions such as the Agrarian Reform Secretary (SRA) and both Federal (PAN) and State (PRD) Governments, as well as the military occupation surrounding Zapatista territory since 1994.

The Mexican Army’s decision to invade La Garrucha, Rancho Alegre (known as Chapuyil), Hermenegildo Galeana and San Alejandro represents more than the violation of the Dialogue, Conciliation and Peace in Chiapas Law (1995), the Mexican Constitution (Article 29), the American Human Rights Declaration (Articles 21 and 29b) and the International Civil and Political Rights Convention (Articles 14 and 27). It also represents a change in the strategy against the Zapatistas. In view of this, we are extremely concerned for the physical and physiological integrity of our indigenous Zapatista brothers and sisters. The Mexican Government is attacking the right of indigenous peoples to freely organize by attempting to use the outrageous accusation that the Zapatistas cultivate marijuana. As the Mexican State looks for mechanisms to legitimise open warfare, it is clear that its real objective is the destruction of the Zapatista National Liberation Army (EZLN).

We are certain that the Zapatista demands are made peacefully, that these demands are being organised in conjunction with other indigenous peoples, cities and states across the Mexican Republic following the release of the Sixth Declaration of the Lacandon Jungle, which calls for peaceful civic organization called the Other Campaign. The continued aggression towards Zapatista communities and especially this recent invasion by the Mexican Army demonstrate that that the Mexican Government is unwilling and incapable of resolving popular demands and is reliant on repressive tactics to attempt to extinguish those voices that demand the most basic of rights.

We demand that the Mexican Government, represented by the President Felipe Calderón Hinojosa, immediately withdraw the National Armed Forces strategically deployed in the conflict zone in Chiapas.

We demand that the Chiapas State Government, represented by Juan Sabines Guerrero, stop all acts of aggression and threats by State Police to Zapatista communities.

If the Mexican Government continues to attack Zapatista communities we, the undersigned, will do everything we can to act in solidarity with the Zapatistas and in rejection of the violent and repressive Mexican State.

Partial list of endorsers Los Angeles, CA, USA

Mujeres de Maiz
Danza Mexica Mictlanxiucoatl
Olmeca
ARMA
Los Poets del Norte
Teocintli
Rodrigo Estrada Garcia
East Side Café
detodos-paratodos.blogspot.com
Don Newton
Oscar Navarro

Abroad

El Kilombo – Durham, North Carolina, EUA
Rare Purpose Collective – Florida, EUA
El Colectivo Zapatista de Valencia “El Caragol” – Valencia, Spain.
CGT-Comisión Chiapas - Spain
Mutiny Collective – Sydney, Australia
Electronic Disturbance Theater – San Diego, EUA
XISPA CON TITA COLECTIVO Chicana Radio Network
Collectives and Individuals from La Otra San Diego
(California Coalition Against Poverty, Colectivo Zapatista San Diego, Colectivo Zapatista
Tzajalek 32, San Diego Indymedia, dj lotu5 y otr@s) - EUA
Local to Global Justice - Tempe, EUA
Mexico-Australia Solidarity Network (MASN) - Sydney, Brisbane, Melbourne,
Australia
Latin American Solidarity Network (LASNET) – Australia

IF YOU WANT TO ENDORSE, PLEASE ADD A COMMENT BELOW

Al Pueblo Mexicano:
Al EZLN:
A la Otra Campaña:
A la sociedad civil internacional:
A los medios de comunicación:

Nosotras y nosotros, personas de distintos colectivos y organizaciones de diferentes rincones del mundo manifestamos nuestra indignación y rechazo total por la incursión militar nuevamente en las Comunidades Zapatistas el día 4 de Junio del presente año.

A través de números informes de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sabemos que el hostigamiento contra las comunidades Zapatistas no ha cesado y a partir del año pasado se ha ido incrementando. En estos investigaciones se detalla la utilización de las organizaciones paramilitares, las instituciones como la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y los Gobiernos Federal (PAN) y Estatales (PRD) además del cerco militar que ha permanecido alrededor del territorio Zapatista desde 1994.

Sin embargo la incursión del Ejercito Mexicano el 4 de Junio en los poblados de la Garrucha, Rancho Alegre (conocido como Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro representa además de la violación de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (1995), la Constitución Mexicana (Articulo 29), la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículos 21 y 29b) y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (Artículos 14 y 27) marca un cambio en la estrategia contra Zapatista. Por lo cual estamos sumamente preocupados por la integridad física y psicológica de nuestros hermanos indígenas Zapatistas. El Gobierno Mexicano no solo esta atentando en contra de su derecho a organizarse libremente como pueblos indígenas sino que además bajo el ridículo pretexto de la siembra de marihuana. Tememos que pueda abrirse una guerra abierta que el Estado Mexicano intente legitimar pero cuyo verdadero objetivo es destruir el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Sabemos que las justas demandas de los pueblos Zapatistas se han llevado de forma pacifica, que a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona estas demandas se están organizando junto con las demandas de otros pueblos, ciudades o estados de la Republica Mexicana, en un movimiento nacional, civil y pacifico llamado la Otra Campaña. Por lo tanto las permanentes agresiones y el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas Zapatistas a si como la reciente incursión del Ejercito Mexicano muestran claramente que el gobierno Mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad de resolver estas demandas y que por el contrario solo esta buscando medidas represivas para acallar a las voces que exigen sus derechos mas fundamentales.

Exigimos al Gobierno Mexicano representado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa que retire a las Fuerzas Armadas de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) destacamentadas estratégicamente en la zona de conflicto en el Estado de Chiapas.

Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas representado por el Gobernador Juan Sabines Guerrero el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del Estado ha realizado en contra de las comunidades Zapatistas.

Si el Gobierno Mexicano continua atacando a las comunidades Zapatistas utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros Zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado Mexicano.

Lista parcial de firmantes Los Angeles, CA, USA

Mujeres de Maiz
Danza Mexica Mictlanxiucoatl
Olmeca
ARMA
Los Poets del Norte
Teocintli
Rodrigo Estrada Garcia
East Side Café
detodos-paratodos.blogspot.com
Don Newton
Oscar Navarro

Resto del mundo

Red de Solidaridad Mexico-Australia (MASN) - Sydney, Brisbane & Melbourne,
Australia
El Kilombo – Durham, North Carolina, EUA
Rare Purpose Collective – Florida, EUA
El Colectivo Zapatista de Valencia “El Caragol” – Valencia, Spain.
CGT-Comisión Chiapas - Estado Español
Mutiny Collective – Sydney, Australia
Electronic Disturbance Theater – San Diego, EUA
XISPA CON TITA COLECTIVO Chicana Radio Network
Colectivos e Individuos de La Otra San Diego
(California Coalition Against Poverty, Colectivo Zapatista San Diego, Colectivo Zapatista Tzajalek 32, San Diego Indymedia, dj lotu5 y otr@s) - EUA
Local to Global Justice - Tempe, EUA

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O'odham chair calls for border meeting
Says Chertoff shows Nation 'total disrespect'
By Brady McCombs
ARIZONA DAILY STAR
Tucson, Arizona | Published: 06.22.2008

http://www.azstarnet.com/sn/border/244928

— Tohono O'odham Chairman Ned Norris Jr. has grown incensed with Homeland Security Secretary Michael Chertoff — who has rebuffed requests to meet and invoked a waiver to build border barriers on current and ancestral O'odham land.
With the Tohono O'odham Nation spanning 75 miles of U.S.-Mexican border in the busiest stretch for illegal immigration, drug smuggling and border deaths, Norris says Chertoff owes him a meeting.

Chertoff has declined to meet him in person despite five formal requests, Norris said. And, on a recent trip to Southwestern Arizona, Chertoff visited Sasabe and Lukeville, but skipped the reservation, which sits in the middle of the two border towns, Norris said.

"It's a total disrespect for the sovereign authority that this Nation has and enjoys with the United States government," said Norris, who completed his first year in office on June 11.

Homeland Security spokeswoman Laura Keehner said it's true the two haven't met, but that the notion that Chertoff has ignored the tribe is false. Chertoff personally met with Norris' predecessor, Vivian Juan-Saunders, she said.
During Chertoff's brief February visit to Southwestern Arizona, his intention was to meet with the family of fallen Border Patrol agent Luis Aguilar, who was killed in January near Yuma, and to see how the SBInet Project 28 virtual fence was working, she said.

Homeland Security officials meet regularly — monthly, if not weekly — with Tohono O'odham leadership, and Norris was invited but declined to meet with recently appointed Deputy Secretary Paul Schneider, she said.
"We have a good working relationship with them," Keehner said.

Norris said he would appreciate recognition for his tribe's cooperation in allowing the construction of two law enforcement centers, 34 miles of vehicle barriers and the placement of two of the nine Project 28 camera towers on the reservation.
He would also like to set parameters.

"We want Chertoff here to see how cooperative the Tohono O'odham Nation is and to hear from us directly what we are telling his subordinates," Norris said. "I want to be able to tell him myself that the Tohono O'odham Nation, will never — will never — agree to a walled fence."

Then there's Chertoff's use of a waiver — first on the San Pedro Riparian National Conservation area in Cochise County, which includes O'odham ancestral lands, and later to lay claim to at least 220 of the 350 miles of border in Arizona, including at least 50 miles on the Nation.

That waiver allowed Homeland Security to move forward with fencing projects without having to comply with environmental regulations.

In the latter case in April, Norris said he and other O'odham officials learned of the waiver from media reports and didn't receive a letter from Homeland Security until later.

"The secretary's ability to waive all federal environmental, biological and archaeological laws basically allows him to, in my opinion, desecrate the O'odham land," Norris said.

Norris has a theory on Chertoff's rebuffs: "He doesn't want to acknowledge the fact that he's got another sovereign government that he is obligated to deal with. So, his best thought is just to ignore it."

Keehner, however, said Homeland Security officials respect the sovereignty of the Nation and are cognizant of the importance of working with O'odham officials, especially on fencing issues.

Norris shared his opinions on a range of border-related issues in a recent interview at his office in Sells:
On the illegal immigrant traffic across the reservation:

The estimated number of illegal immigrants coming across the reservation has decreased to about 700 a day from a peak of 1,500 a day, but not without consequence to him and other tribal members, he said.

"We are a militarized zone now with the increased presence of the Border Patrol on the Nation's lands," he said.
On the tense relationship between Border Patrol agents and tribal members:

Despite a good relationship with leaders in the Border Patrol's Tucson Sector and with some agents, Norris said, "Unfortunately, there are some bad apples in the basket, and we have some pretty aggressive border agents."

He fields complaints from tribal members regularly about violations of civil and human rights by Border Patrol agents, he said. Norris had his own run-in with an agent when he was stopped near Three Points on Arizona 86 while driving home from Sells.

The agent turned on his lights, pulled him over and approached Norris' vehicle with his hand on his weapon, Norris said. After he was questioned and told he could go, Norris asked why he had been stopped. The agent told him it was because of the kind of car he was driving, he said.

"That's the unfortunate approach that too many of the agents take: Everybody is suspect; you are guilty until you prove yourself (innocent). And, that's wrong."

Norris and vice-chairman Isidro Lopez have begun to regularly speak to new agents out of the Casa Grande station to improve the relationship. Norris is also considering sponsoring a hearing and inviting legislators and others to hear from tribal members about the impact the Border Patrol's presence has had on them, he said.

"I've said this to them: Don't treat us like we're suspects. We're not the enemy. Treat us with respect. Treat our land with respect. Understand who we are as people."

On the Nation's standing decision not to allow humanitarian groups to place water on the reservation:

The decision falls to leaders of the 11 districts on the Nation because it's a matter of local concern, he said. He would support a district if it decided to allow a group to place water, but he also supports district leaders' decision to disallow it.
"Part of the concern in placing the water out is that it encourages the migrants to come through because they know there is going to be water out in the desert. I don't know that we can factually say that. … I think we need to really sit back and really assess what the factual impacts could be, would be, in making that decision."

On his staunch opposition to a border fence:

Over his "dead body" is the only way Homeland Security will be allowed to build a pedestrian fence on the reservation, he said.
The Nation has not agreed to any such plans and has not been notified that any is planned but 15-foot-high fences have been built east, at Sasabe, and west, at Lukeville, just beyond the Nation.

"I'm cautious that behind closed doors there's already plans to include the Nation with the walled fence," Norris said.
He said he would take whatever steps are necessary, whether it's going to Congress, the courts, or the next U.S. president, to block construction of a pedestrian fence.

"I would use whatever authority, rights we have out there to use."

On why he opposes pedestrian fences but allows vehicle barriers and virtual fence towers:

"We have a vested interest in what goes on in Mexico. We have 1,500 enrolled tribal members there. We have members of our Nation that traverse back and forth regularly, some on a daily basis. Our members in Mexico are entitled to services our Nation has to offer. … We've got too much activity in Mexico. We didn't ask for this fence. We didn't ask for the border. We weren't asked for what our opinion was when the border was put there."

On the Tohono O'odham Nation's taking its role seriously in securing the borders:

"We continue to do what we believe is necessary on our end to ensure the safety of the United States of America. The Tohono O'odham Nation is just as concerned about the security of the United States as any other American citizen is."

● Contact reporter Brady McCombs at 573-4213 or bmccombs@azstarnet.com.

■ Se vence plazo de fuerzas armadas para entrar a La Garrucha

■ “No les daremos chance, los correremos del poblado”, advierten

La Garrucha, Chis. 18 de junio. “La decisión es no darles chance, sacarlos, correrlos del poblado”, dice la junta de buen gobierno (JBG) El camino del futuro, en relación con las fuerzas militares y policiacas que podrían regresar a esta región e intentar incursionar en ésta u otras comunidades de la cañada.

Esto, a unas horas de que se cumpla el presunto plazo que dieran tropas federales y policías dos semanas atrás, durante una conato de incursión en La Garrucha, Hermenegildo Galeana y San Alejandro, poblados del municipio autónomo Francisco Gómez, donde la población les impidió el paso y los mandos castrenses amenazaron con volver. El plazo, por cierto, coincide con el tercer aniversario de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

“Hemos decidido esperar. No podemos alarmar a todo el pueblo. Nada más estamos vigilantes y hay aquí observadores civiles nacionales e internacionales”, dice un portavoz, como de costumbre, rodeado por toda la JBG.

Aquí, la vida continúa a pesar de la alarma que provocaron tropas de Ejército federal el pasado 4 de junio, cuando pretextaron buscar sembradíos de droga para introducirse en las comunidades autónomas (precisamente el único territorio donde los pobladores y sus estructuras de gobierno prohíben la producción de drogas, así como su consumo y el de alcohol).

“Los promotores de educación siguieron sus tareas”, añade la JBG. En días anteriores, La Jornada pudo apreciar la actividad de decenas de jóvenes en un curso para los docentes zapatistas en este mismo caracol. “Todas las oficinas de la junta y las comisiones, igual que nuestros consejos autónomos, están en su labor”.

En cuanto a movimientos militares, la JBG confirma que siguen los patrullajes del Ejército federal todos los días en esta cañada, y ahora se han agregado inusuales recorridos de tropas, policías federales y estatales en el trayecto, transversal a las cañadas, entre San Miguel y Monte Líbano, con lo cual son patrullados los cuatro municipios autónomos de este caracol, especialmente San Manuel y Francisco Gómez, pero también Francisco Villa y Ricardo Flores Magón.

Acciones de solidaridad

En distintas latitudes del mundo se realizaron acciones de solidaridad con las comunidades zapatistas. En Wellington, Nueva Zelanda, un grupo de activistas se manifestó ante la embajada mexicana, demandando “justicia para los zapatistas y los pueblos indígenas”. La embajadora María Angélica Arce de Jannet recibió un documento y aseguró que lo turnaría al gobierno de México. Cuestionada por la represión, tortura, cárcel y agresiones contra los movimientos sociales en nuestro país, la diplomática se escabulló a sus oficinas, protegida por los encargados de seguridad.

En Australia, colectivos de Sidney, Melbourne y Brisbane exigieron “el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del estado ha realizado en contra de las comunidades zapatistas”, y advirtieron que si el gobierno federal continúa atacando a estas comunidades “utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado mexicano”. Al llamado se sumaron colectivos del Estado español y Estados Unidos. Asimismo, en distintas naciones europeas de anunciaron protestas para este jueves.

En México, colectivos, organizaciones e individuos adherentes a la otra campaña respaldaron a las bases zapatistas, municipios autónomos y juntas de buen gobierno: “Es la hora de la movilización y la organización en defensa y apoyo del EZLN. Frente a los tambores de la guerra es necesario organizar ya la respuesta desde todos los rincones del país”. Además, una coalición de medios libres nacionales se encadenó en una “denuncia radial” para informar a la población.

La Jornada

Mexico Week In Review: 06.16-06.22
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Published since 1994, 'Mexico Week In Review' is a service of the
Committee of Indigenous Solidarity (CIS). CIS is a Washington, D.C.
based activist group committed to the ongoing struggles of Indigenous
peoples in the Americas. CIS is actively supporting the struggles
of the Indigenous peoples of Mexico while simultaneously combating
related structures of oppression within our own communities.

To view newsletter archives, visit:
http://lists.mutualaid.org/pipermail/mexico-week/

"Para Todos, Todo; Para Nosotros Nada"
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CONGRESS REVISES MERIDA INITIATIVE

Political parties across the Mexican spectrum hailed a new version of
the Merida Initiative, passed this week in the US Congress, which
removes some oversight provisions included in the Senate version. The
US$465 million military aid bill includes US$400 million for Mexico,
with the rest designated for Central America. The bill includes
US$215.5 million in direct military aid, including helicopters,
advanced radar and weapons, and US$116.5 million for "military to
military cooperation." The original Senate version called for
withholding funds from army or police units that commit human rights
abuses or are involved in narco-trafficking. The new version calls
for a series of periodic "consultations" with Mexican and US
officials and non-governmental organizations concerning human rights
violations. The bill also expresses concern for the failed
investigations of "police responsible for the violations of human
rights, including sexual abuse and sexual violence against women in
San Salvador Atenco on May 3 and 4, 2006, and Oaxaca between June and
December, 2006."

Human Rights Watch supports the new bill, claiming consultations will
reveal human rights abuses committed by army and police units
involved in narcotics operations. The bill includes US$20 million for
"construction of institutions and assistance for civil society,"
including US$3 million in "assistance for non-governmental
organizations and civil society," perhaps accounting for comments by
Jose Vivanco, Executive Director of the Americas Division of Human
Rights Watch, who claimed the US Congress "has a long tradition of
not providing assistance to security forces that commit human rights
violations." The House approved the legislation by a 268-155 vote as
part of the military spending bill for the war in Iraq.

Source: Mexico Solidarity Network Weekly News Summary: 06/16-22
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ARMY HUMAN RIGHTS ABUSES CHARGED

Nearly three months after the Mexican army kicked off Operation
Chihuahua Together against drug trafficking organizations in Ciudad
Juarez and the state of Chihuahua, multiple accusations of human
rights violations committed by soldiers are surfacing in the press. A
hot point of contention is in the Juarez Valley just outside the
border city of the same name. Long the stomping ground of drug
traffickers and other criminal bands, the rural area bordering the
Rio Grande has been the target of repeated army raids in recent
weeks. While the operations have netted arrests and drug loads, some
residents charge the army is going overboard and harassing innocent
citizens. On June 14, valley residents staged protests outside the
offices of the Federal Attorney General (PGR) and in the downtown
plaza in Ciudad Juarez.

Josefina Reyes, a resident of the town of Guadalupe Bravo, charged
that soldiers recently raided her home and destroyed property before
making off with a cell phone and other goods. "On that day, there
were around 25 more searches in which they made off with various
people," Reyes said. As of mid-June, 50 legal complaints against the
army had been filed with the PGR's Ciudad Juarez office. The
complaints accuse the army of committing abuses of authority,
carrying out illegal detentions, forcibly disappearing citizens,
conducting improper searches, and inflicting bodily injuries and
damages. In one of the worst incidents, three men were shot to death
by soldiers June 8 at an army checkpoint near Cuauhtemoc in the
central part of Chihuahua. The full story of the incident is still
not thoroughly known, and it isn't certain whether the killings were
the result of an intentional attempt by the victims to run the
roadblock or due to an accident related to possible drunken driving
and/or the failing brakes of the victims' car. Reportedly, the
soldiers began shooting after the suspect vehicle struck and severely
injured a soldier. A reporter on the scene, El Diario's Hugo Reyes,
was forced to lie on the ground by soldiers. A member of the
Chihuahua State Congress' human rights commission, legislator Victor
Quintana, showed up at the site of the incident but said he was
denied access by the military.

Meanwhile, Chihuahua's official State Human Rights Commission (CEDH)
received 28 complaints about the army in May and an additional 32,
mainly from the border town of Ojinaga, during the first 11 days of
June. Jose Luis Armendariz Gonzalez, CEDH president, said complaints
have also come from the municipalities of Chihuahua, Manuel
Benavides, Madera, Guachochi, Delicias, Cuahtemoc, Namiquipa,
Bachiniva, and Casas Grandes. According to Armendariz, human rights
cases involving the army are turned over to the National Human Rights
Commission in Mexico City for further action. CEDH investigator
Gustavo de la Rosa Hickerson contended that human rights violations
shared a "dangerous pattern." Many of the purported victims, he said,
were small-time drug dealers and addicts who were beaten and
tortured. According to the official, detainees have been allegedly
subjected to electric shocks, simulated suffocations with plastic
bags and razor cuts at army installations. De la Rosa compared the
reports with the rampages of the 1970s Dirty War, a period of time
when torture and disappearance were widely employed by the Mexican
government against dissidents and suspected guerrillas.

There was no immediate comment from the Mexican military on either
the PGR or CEDH complaints. At the state level, elected officials
have begun showing some concern about the army's alleged abuses.
Earlier this month, the Chihuahua State Congress exhorted the Defense
Ministry to punish any soldier involved in abuses. State Congress
President Jorge Alberto Gutierrez Casas later urged military
officials to come clean about the Cuahtemoc checkpoint shooting. "We
are going to demand from the legislative branch that human rights not
be violated in a struggle that is focused on organized crime, because
what happened at the checkpoint doesn't justify the response of the
army members." Gutierrez said. "The army is one of the institutions
which has more prestige and credibility in the eyes of the citizenry,
and because of this we must not permit isolated situations to end up
discrediting the confidence that society has in them."

Ciudad Juarez Mayor Jose Reyes Ferriz struck a similar tone about the
army's reputation. Insisting that no abuses had occurred during the
last weeks since the municipal police began participating in joint
operations, Mayor Reyes said the army as a whole should not be held
responsible for a few bad apples. "Like any other big force that
exists in Ciudad Juarez, there will always be abuses," the mayor
said, "but abuses by individuals, by persons, and not by the army, by
the institution."

Reports of human rights complaints in Ciudad Juarez and Chihuahua
come at an especially sensitive time for both the federal Mexican and
US governments. The Mexican army is expected to be the primary
beneficiary of the Bush Administration's proposed anti-drug
assistance package to Mexico known as the Merida Initiative. A
version of the billion dollar-plus aid plan passed the US House of
Representatives last week, but it is still waiting action in the US
Senate where lawmakers have attached human rights and justice system
reform conditions. Both the Bush and Calderon administrations have
criticized conditioning the Merida assistance as an affront to
Mexico's national sovereignty. On June 16, President Bush appealed to
US lawmakers to approve Merida "without many conditions."

Human rights advocates in Mexico and abroad have long contended that
the use of the Mexican military in the drug war is a violation of the
nation's Constitution which precludes the army from acting
domestically in times of peace. Pressured by the escalating
narco-violence, many Mexican lawmakers, business and civic leaders
have agreed that the army is the only force capable of taking on the
highly-organized and well-armed private armies of the various drug
syndicates. Officially launched to bring organized crime under
control, Operation Chihuahua Together has had decidedly mixed results
even by its own objectives. Mexican soldiers and federal police have
detained scores of suspects, confiscated some weapons and seized
several large drug loads, but none of the leaders of the warring
cartels have been arrested so far. Perhaps most importantly, the
deployment has not halted the violence. Indeed, an analysis of
homicide rates in Ciudad Juarez before and after the beginning of the
military operation reveals that the violence has actually worsened
since the army deployed in late March. According to press accounts,
210 people were murdered from January 1 to March 31. From April 1-
only a few days after the army operation began- to June 16, a
reported 276 people were murdered.

In a startling declaration, Mayor Reyes told the El Paso Times that
local authorities knew that a major, violent confrontation between
rival cartels was imminent early this year. Reyes said the local
government even knew the date when the violence would commence and
passed the tip on to federal authorities. According to Reyes'
account, the information was available nearly three months before a
government operation to contain the violence was announced. Even
though narco-violence has long been a stark feature of Ciudad Juarez,
the level of violence witnessed in 2008 is unprecedented.
Additionally, new manifestations of violence that never existed
before in Ciudad Juarez have surrounded the implementation of the
military operation. For instance, a dozen businesses have been
torched by presumed cartel elements in recent days. On the Internet,
rival drug organizations wage a cyber-war complete with threatening
videos and insulting messages. In another development heretofore
unseen on the border, individuals have started hanging execution
lists and "narco-banners" from public monuments and overpasses.
Postings are even seemingly timed to coincide with rush hour and
maximum exposure. In the 21st Century battle for the Ciudad Juarez
drug "plaza," a psychological war increasingly accompanies the
physical one.

Sources: Frontera NorteSur: 06/18; Norte: 06/16; El Paso Times:
06/15; La Jornada: 06/13,16; El Diario de Juarez: 06/09, 12, 14, 15,
16, 17; Lapolaka.com: 06/03, 11, 14, 16; El Universal: 06/12, 13, 16;
Frontenet.com: 06/09; Frontera/SUN: 06/06
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MEXICO TO HAVE PUBLIC TRIALS, PRESUMED INNOCENCE

Mexico threw open the doors to its judicial system allowing
U.S.-style public trials and creating a presumption of innocence.
Under the long-awaited constitutional amendment signed by President
Felipe Calderon, guilt or innocence will no longer be decided behind
closed doors by a judge relying on written evidence. Prosecutors and
defense lawyers will now argue their cases in court, and judges must
explain their decisions to defendants. "This is perhaps the most
important reform to the criminal system that Mexicans have had in a
long time," Calderon said after signing the amendment.

Mexico now faces the long, tedious task of implementing the changes,
which must be in place by 2016 according to the law. That includes
training thousands of lawyers and judges across the country on the
logistics of holding a trial. Even courthouses must be modified to
make room for Mexicans who will be able to attend trials for the
first time. It will likely take even longer to change the culture
surrounding treatment of the accused in Mexico, where suspects are
routinely paraded before cameras - sometimes holding weapons they are
accused of using in crimes - even before they have been charged. "Now
we can offer citizens a more transparent judicial system that
respects human rights and protects your rights with more speed and
efficiency," Calderon said.

All trials will be open unless a judge decides a case must be closed
because of national security reasons or to protect a witness or a
minor. Analyst George Grayson said the amendment brings the judicial
system into the 21st century. "This is long overdue," said Grayson, a
Mexico expert at the College of William & Mary in Virginia. "It was a
medieval system." Such a reform had been in the works for more than a
decade, but the two previous presidents had been unable to get it
through Congress. At least 17 of Mexico's 31 states had to approve
the constitutional amendment. Calderon said the reform will also
boost his fight against organized crime.

Prosecutors can now hold organized crime suspects without charge for
up to 80 days, and properties seized by law enforcement will
automatically belong to the state unless the accused proves they were
acquired through legal means. Before, criminals could fight in court
for their properties to be returned even if they were illicit. This
will allow police to hit with "more weight the operative and
financial structures of organized crime."

Law enforcement, however, lost its fight for the right to search
homes without a warrant if police believe a crime is being committed
inside. That clause was dropped after human rights groups protested.
Prosecutors said such searches are necessary in cases where urgent
action is needed to free kidnap victims. Instead the law creates a
new class of judges who can rule more quickly on warrant requests.

Source: The Associated Press: 06/17
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MEXICO FREEZES PRICES ON FOOD

Moving to stem rising inflation and civil discontent, President
Felipe Calderon and Mexican industrialists announced an agreement
Wednesday to freeze prices on more than 150 food items. The pact,
which will be in effect through the end of the year, comes amid
escalating costs of corn and other staples of the Mexican diet.
Companies agreed to hold prices steady for cooking oil, tomato sauce,
canned soups and tuna, beans, chili sauces and other staples of the
Mexican table. "In recent months a significant increase in the price
of food has been felt worldwide," Calderon said in announcing the
deal. "Maintaining the maximum prices of these products fixed will
truly permit an enormous support for the household economy."

Calderon last month ordered the easing of restrictions on imported
corn, wheat and rice to stabilize local prices of those grains. He
has also announced measures - criticized as insufficient by farm
groups - to boost agricultural production and lower farmers' costs.

This year's sustained price spikes for oil, grains and other
commodities have sparked riots across the developing world and parts
of Europe. Food riots forced the resignation of Haiti's prime
minister earlier this year. Though Mexico's mostly urban population
has remained calm, Calderon's government has been maneuvering to keep
food and gasoline prices low. The price freeze on some items will
hold until December only if "there aren't indiscriminate increases in
these prices, specifically of raw materials," said Ismael Plascencia,
president of the Concamin, a national organization of various
manufacturers associations. But increasing raw material costs are as
likely for Mexican manufacturers as they are worldwide, said
economist Rogelio Ramirez de la O, whose firm advises some of the
largest companies operating here. "Everything is going up in price,"
Ramirez de la O said. "There is no escape."

Larger Mexican companies, some of which have a stranglehold on their
industries and enjoy profit margins of as much as 30 percent, likely
will be able to absorb the increased costs, Ramirez de la O said. But
many smaller manufacturers could be severely squeezed. "No one really
expects these prices to be fixed for such a long time," said Ramirez
de la O, who also served as economic adviser to the leftist candidate
who lost the presidential election two years ago to Calderon.

The price of corn tortillas went up 22 percent early last month,
according to the federal consumer protection agency, while the price
of rice has spiked by 40 percent since the beginning of the year.
Calderon's government disclosed recently that nearly all the windfall
profits from Mexico's oil exports - some 1.3 million barrels a day to
the U.S. Gulf Coast refineries - are being spent to subsidize
gasoline sold inside the country. Mexico imports some 40 percent of
its gasoline, most of it from the United States. Regular gasoline
here sells about $2.80 a gallon, far lower than the price in the
United States. "This is a populist measure," Ramirez de la O said of
the accord. "The government is running very short of real
alternatives."

Source: Houston Chronicle: 06/18
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MEXICO ASKS WORLD COURT TO HALT U.S. EXECUTIONS

Mexico asked the World Court to take urgent steps to stop imminent
U.S. executions of five Mexicans on death row who were denied their
rights to consular assistance. One of the five, Jose Medellin, is due
to die on August 5 in Texas, which is poised to set execution dates
for the others. The International Court of Justice (ICJ) in The Hague
ruled in 2004 that the United States had violated international law
by failing to inform 51 Mexicans now on death row of their right to
consular assistance and said the cases should be reviewed.

Mexican representative Juan Manuel Gomez-Robledo said the United
States was in breach of its international obligations, and asked the
U.N.'s highest court to seek stays of the five imminent executions.
"Five Mexican nationals ... could be executed without their
convictions and sentences being given the review and reconsideration
that is their right," he said. The issue has soured relations between
the United States and its southern neighbor Mexico, which opposes the
U.S. death penalty. "The situation is indisputably urgent," said
Donald Donovan, a lawyer for Mexico. "It is impossible to identify an
act more irreparable than the execution of a human being."

In 2005, President George W. Bush, a staunch defender of the death
penalty, directed state courts to review the 51 cases following the
World Court's ruling, saying the United States must adhere to its
international treaty obligations. But the U.S. Supreme Court ruled in
March that Bush overstepped his authority when he directed Texas to
comply with the ICJ's ruling and reopen the case against Medellin. A
gang member, Medellin was denied the right to meet with a consular
official from Mexico after his arrest for the June 1993 rape and
murder of two teenage girls in Houston. The killings were linked to a
gang initiation. Under the Vienna Convention, foreign nationals have
a right to talk to consular officers after their arrests. Texas has
acknowledged Medellin was never told he could talk to Mexican
officials. But it has argued that claim cannot be made now because he
never raised it at trial or sentencing. Even if his treaty rights had
been violated, it would not have made any difference in the outcome
of the case, Texas said.

The ICJ, also known as the World Court, is responsible for handling
disputes between U.N. member states. Its rulings -- which often take
years -- are binding and not subject to appeal. Sandra Babcock from
the Center for International Human Rights at Chicago University said
the Mexicans only had a 1 percent chance of clemency, noting Texas
had commuted just two of its more than 400 death sentences in the
last few decades. The Mexicans are on death row in several other
states as well as Texas, including California and Oklahoma.
Gomez-Robledo, Mexican under-secretary for multilateral affairs and
human rights, called Bush's efforts to get the cases reviewed
"praiseworthy" and said U.S. authorities were doing more to respect
the rights of arrested foreign nationals. But he appealed to the
United States to respect international law. "The rule of law is the
foundation stone on which the United States was built," he said.

Source: Reuters: 06/19

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The above articles were originally published and copyrighted by the
listed sources. These articles are offered for educational purposes
which CIS maintains is 'fair use' of copyrighted material as
provided for in section 107 of the US Copyright Law.

end: Mexico Week In Review: 06.16-06.22
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www.chinaview.cn - 2008-06-20 10:59:11

MEXICO CITY, June 19 (Xinhua) -- Latin American countries have voiced their criticism of a new EU immigration law, which stipulates indiscriminative deportation of illegal immigrants in European Union (EU) countries.

The European Parliament approved on Wednesday the so-called "Return Directive", which will come into force in 2010. Under the new law, all illegal immigrants living in the EU member states will have to leave the bloc within a period of seven to 30 days. Otherwise, they will be subject to up to six-months of detention, which can be prolonged for another 12 months in exceptional cases. The deportees will be barred from entering the EU for a period of up to five years.

On Thursday, Venezuelan President Hugo Chavez reacted with indignation to the new EU law and threatened that his country would cut oil supply to European countries if the new law is applied. He urged Latin American countries to unite against the EU law, which he described as an "embarrassment" and "unacceptable."

Meanwhile, the Argentine Foreign Ministry voiced its disapproval of the new EU law, saying the Argentine government "regrets the terms of the Return Directive approved by the EU Parliament."
"The immigration issue can only be solved if it is tackled with respect for human rights," the ministry said in a statement.

The Brazilian Foreign Ministry also released a statement, saying the EU decision to put a tougher hand on illegal immigrants "goes in the wrong way."

Foreign ministers of Peru, Bolivia, Ecuador and Colombia also expressed their concern about the EU law on Thursday.

A Peruvian parliament leader said the EU law was a contradiction to the agreement between the EU and Latin America on the protection of immigrants, which was signed in May during the 5th Latin American, Caribbean and EU Summit (ALCUE).

Guatemalan Deputy Foreign Minister Miguel Angel Ibarra said the EU law affects many countries in the region, which should work together to urge the EU to reconsider its decision.

Honduran Deputy Foreign Minister Eduardo Enrique Reina said the EU decision is "worrisome" because the current policy of the bloc is more generous to the Latin American immigrants.

(Translated by Diogo Denczuk and Mario Galván)

Until the end of the World War II, Europe was a continent of emigrants. Tens of millions of Europeans left for the Americas to colonize, to escape from the famines, financial crises, and wars, or from the European totalitarianisms and from the persecution of ethnic minorities.

Today, I am following with concern the process of the so-called “Return Directive.” The text, validated last June 5th by the Ministers of the Interior of the 27 countries of European Union, has to be voted on June 18th in the European Parliament. I feel that it hardens drastically the conditions of detention and expulsion for undocumented migrants, whatever their time of residency in European countries, their labor situation, their family ties, and their efforts at integration.

Europeans arrived in the countries of Latin America and North America by the millions, without visas or conditions imposed by the authorities. They were always welcome, and they continue to be, in our countries of the American continent that absorbed the economic misery of Europe and its political crises. They came to our continent to exploit wealth and to transfer it to Europe, at an extremely high cost to the original populations of the Americas. As in the case of our Cerro Rico (Rich Mountain) of Potosí, whose fabulous silver mines permitted a flow of weath to the European continent from the 16th century until the 19th. The persons, goods, and the rights of the European migrants were always respected. Today, the European Union is the main destination of the migrants of the world, a consequence of its positive image as a place of prosperity and public freedom. The immense majority of migrants come to the EU to contribute to this prosperity, not to take advantage of it.

They occupy jobs in public works, construction, in human services and hospitals that Europeans can’t do or don't want. They contribute to the demographic dynamism of the European continent, maintaining the relationship between active and inactive that makes possible their generous social security systems, and energizing the internal market and social cohesion. Migrants offer a solution to the demographic and financial problems of the EU.

For us, our emigrants represent the help to our development that the Europeans don't give us – since few countries really achieve the minimum objective of 0.7% of their GDP in foreign aid to support development. In 2006, Latin America received $68,000 million in remittances, more than the total of foreign investments in our countries. At the global level, remittances reached $300,000 million, surpassing the $104,000 million given as foreign aid to support development. My own country, Bolivia, received more than 10% of its GDP in remittances ($1,100 million), the equivalent of a third of our annual exports of natural gas. In summary, migration flows are very beneficial for Europeans, and for us in the Third World as well, but to a lesser degree, since we also lose millions of our skilled workers, in whom one way or another our states, although poor, have invested human and financial resources.

Regrettably, the “Return Directive” complicates this reality terribly. If we conceive that each State or group of States can define its migratory policies in complete sovereignty, we cannot accept that the fundamental rights of persons are refused to our countrymen and Latin American brothers and sisters. The “Return Directive” holds out the possibility of up to 18 months imprisonment of undocumented migrants before their expulsion or “estrangement”, according to the terms of the directive. 18 months! Without trial nor justice! As it stands today, the proposed text of the directive clearly violates Articles 2, 3, 5, 6, 7, 8 and 9 of the Universal Declaration of Human rights of 1948. In particular, Article 13 of the Declaration says:

"1. Every person is entitled to circulate freely and to choose their
residence in the territory of a State.
2. Every person is entitled to leave any country, even their own,
and to return to their country."

And, worst of all, the possibility exists of imprisoning mothers and children, without taking into account their family or school situation, in these internment centers where we know that depression, hunger strikes, and suicides happen. How can we accept without reacting that our undocumented countrymen and Latin American brothers and sisters are concentrated in these camps, the immense majority of whom have spent years working and becoming part of their new society? On what side today is the duty of humanitarian intervention? Where is the "freedom of circulation", the protection against arbitrary imprisonment?

At the same time, the European Union is trying to convince the Andean Community of the Nations (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru) to sign an “Agreement of Association” that includes a Free Trade Treaty, of same kind as those that the United States imposes. We are under intense pressure from the European Commission to accept conditions of profound liberalization of trade, financial services, intellectual property, and of our public services. In addition, in the name of “legal protection” we are pressured over the process of nationalization of water, gas and telecommunications carried out on World Workers Day. In that case, I ask, where is the “legal security" for our wives, adolescents, children, and workers that look for better horizons in Europe?

To promote the freedom of circulation of goods and finances, while we see before us imprisonment without trial for our brothers and sisters that tried to circulate freely... That is to negate the fundamentals of freedom and democratic rights. Under these conditions, were this “Return Directive” to be approved, we would find it ethically impossible to continue negotiations with the European Union, and we reserve the right to impose on European citizens the same visa obligations that they have imposed on Bolivians since the first of April 2007, according to the diplomatic principle of reciprocity. We have not exercised it up to now, in the hope of receiving good signs from the EU.

The world, its continents, oceans, and poles know global important difficulties: global warming, contamination, the slow but sure dwindling of energy resources and biodiversity, while hunger and poverty increase in all countries, weakening our societies. To make of migrants, documented or not, the Judas goats of these global problems, is not a solution. Nor does it correspond to any reality. The problems of social cohesion that Europe suffers are not the migrants' fault, but rather the result of the development pattern imposed by the North, that destroys the planet and dismembers the societies of men.

In name of the people of Bolivia, of all my brothers and sisters of the continent and other regions of the world, like the Maghreb and the countries of Africa, I make a call to the conscience of the leaders and European deputies, to the peoples, citizens, and activists of Europe, so that the text of the “Return Directive” is not approved. As we know it today, it is a directive of shame. I also call on the European Union to elaborate, in the coming months, a migratory policy that respects human rights, that maintains this dynamism that is profitable for both continents, that repairs once and for all the tremendous historical, economic and ecological debt that the countries of Europe have with most of the Third World, and that closes at the same time the still open veins of Latin America. You cannot fail today in your “policies of integration" like you failed with your supposed "civilizing mission" in the Colonial Period.

We send you all, authorities, European lawmakers, compañeras y compañeros, fraternal greetings from Bolivia. And especially, our solidarity to all the "clandestinos".

Evo Morales Ayma
Presidente de la República de Bolivia

La palabra “guerra” se ha vuelto más familiar, más trivial, y también más grave en los últimos tiempos. No se mencione el contexto internacional, que ya qué decir. Ni siquiera el latinoamericano, donde casi de la nada se han dibujado escenarios probables de guerras internacionales y de secesión que hace poco quién hubiera dicho. No. Baste con mencionar lo que acontece en México.

¿Qué guerras tenemos? Oficialmente dos, sangrientas y visibles. La que muy publicitadamente declaró el gobierno al narcotráfico (¿o fue al revés?). Y la que libran entre sí bandas y cárteles; ésta deriva en otras, dependiendo de las complicidades con diversos sectores del bando oficial. Una colección de guerritas alimentadas por una corrupción bicéfala: la del crimen organizado, y la del atomizado poder gubernamental (a río revuelto, ganancia de inversionistas y gobernadores).

En México se practica una persecución tan virulenta contra los inmigrantes centroamericanos (cuyo destino principal no es nuestro país), y ya institucionalizada y bendecida por la panista Cecilia Romero, que además de vergüenza nacional es una suerte de guerra. De la más abusiva clase: contra personas pobres, aisladas e indefensas.

Pero guerra, lo que se dice guerra, es la que libra el gobierno federal contra los pueblos indígenas. Nahuas de Zongolica y la Huasteca.

Pueblos zapotecos de la sierra y de la Mixteca oaxaqueña. Mepha’a, mixtecos, nahuas y amuzgos de Guerrero. Un puñado de guerras no declaradas y hasta vergonzantes, pero que cuestan vidas, desalojos, violaciones, cárcel, heridos graves.

De unos años acá existe una efervecencia guerrillera o insurrecional de contornos difusos, quintaescenciada en las acciones y declaraciones del Ejército Popular Revolucionario, con el cual el gobierno ensaya una limitada “negociación”, al calor de los atentados del epr contra instalaciones petroleras y la desaparición violenta de dos miembros suyos, de la cual las autoridades federales insisten en deslindarse. Por ése, y otros casos, tal guerra tiene desaparecidos. Que lo señalara Amnistía Internacional a fines de mayo desató una soberana pataleta de Juan Camilio Mouriño, secretario de Gobernación, y sus columnistas de cabecera.

Todo esto ha provocado una degradación, a niveles históricos, de los derechos humanos en México. Otra cosa es que haya, como nunca, vigilancia y solidaridad nacional e internacional.

Pero la única guerra declarada formalmente, con dos fuerzas confrontadas en un territorio definido, es la que no ha dejado de transcurrir en Chiapas todos los días desde 1994. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantiene una actitud pacífica, no beligerante, desde el 12 de enero de aquel año, amparado en una ley para la paz y la concordia del Congreso de la Unión. No obstante, esa guerra no ha cesado pues cuatro sucesivos gobiernos federales y los altos mandos de las Fuerzas Armadas no dejan de escalarla y administrarla a distintas intensidades contra las comunidades zapatistas en más de 40 municipios autónomos.

Contrainsurgencia económica, educativa, agraria, y con frecuencia armada. Vasta militarización de las montañas y la selva. Un dispositivo bélico letal e intacto, a pesar de la expresa voluntad de paz de los pueblos en resistencia y de su ejército indígena.

Desde fines de mayo de 2008 dicho dispositivo, en aparente letargo, se puso en marcha sin otro motivo que la provocación, escudado en pretextos como la búsqueda de mariguana, maderas preciosas o videos piratas. Y como siempre sucede, las comunidades (hombres, mujeres, niños y ancianos) salen al paso de las tropas que intentan ocupar sus campos y poblados, y las obligan a retroceder.

Por si no lo sabían el Ejército federal, las policías y los desdeñosos medios de distracción masiva, la determinación de los pueblos en resistencia permanece también intacta, y ha conquistado una legitimidad innegable, no sólo en sus demandas, sino en sus acciones de gobierno (pues construyeron gobiernos autónomos) y sus iniciativas políticas pacíficas.

Mas el gobierno busca la guerra. Se saca de la manga provocaciones y difamaciones. ¿Por qué desestabilizar las difíciles zonas indígenas de Chiapas, donde las juntas de buen gobierno y las políticas firmes pero conciliadoras de los zapatistas garantizan una gobernabilidad regional que ya quisieran en la República del licenciado Calderón Hinojosa?

Ha de ser por eso.

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/16/oja134-Umbral.html

Otras notas en Ojarasca:

El CNI, en las resistencias de los pueblos

Boaventura de Sousa: Latinoamérica bipolar

Raúl Zibechi desde la Colombia indígena

Persiguen a la policía comunitaria de Guerrero

Chile: las vergüenzas de un gobierno “democrático”

El movimiento indígena independiente

emplaza al presidente Correa

Gelman y Maiakovski descubren México

Mexico Week In Review: 06/09-06/15
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Published since 1994, 'Mexico Week In Review' is a service of the
Committee of Indigenous Solidarity (CIS). CIS is a Washington, D.C.
based activist group committed to the ongoing struggles of Indigenous
peoples in the Americas. CIS is actively supporting the struggles
of the Indigenous peoples of Mexico while simultaneously combating
related structures of oppression within our own communities.

To view newsletter archives, visit:
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"Para Todos, Todo; Para Nosotros Nada"
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MEXICO POLICE BOTCHED JOURNALIST MURDER CASE: WATCHDOG

Mexican police botched the murder investigation of a journalist
working near the U.S. border in 2004 by torturing suspects and
mishandling evidence, the country's human's rights commission said.
Concern in the U.S. Congress about police and army abuses and a
faltering justice system in Mexico has held up a $1.4 billion U.S.
aid package, including helicopters and high-tech equipment for
Mexico's war against drug trafficking cartels.

Roberto Mora, editorial director of El Manana newspaper in Nuevo
Laredo, just across the border from Laredo, Texas, regularly wrote
columns about drug trafficking and corrupt officials before he was
stabbed to death in front of his home. Police arrested a U.S.
citizen, Mario Medina, and his gay partner for the murder, saying it
was a crime of passion. Medina was later murdered in prison and his
partner is still in jail. But in a new report on the case, the human
rights commission accused local authorities of torturing the men to
force a confession and said medical examiners failed to include
important forensic evidence in their reports on the case. It also
faults local human rights officials for overlooking the violations at
the time of the murder. "There is evidence to suggest members of the
police carried out acts of intimidation against Mario Medina Vazquez
so he would confess to his involvement in the murder," it said,
calling for the case to be reopened. Daniel Rosas, managing editor of
El Manana said he wanted a federal investigation "to try to clear up
how this crime really happened."

Twenty-one journalists have been killed in Mexico since 2000, seven
of them in direct reprisal for their work, according to the Committee
to Protect Journalists. More than 1,400 people have been killed in
drug violence across Mexico this year as the army goes after drug
gangs and rival drugs lords battle for control of smuggling routes.
Journalists who investigate the drugs trade can become targets, and
many have been threatened. Suspected drug gunmen dumped a man's head
outside a newspaper in the southern state of Tabasco over the weekend
with a message threatening police and rivals. On Monday, the director
of the paper was threatened with a note that said, "You're next."

Source: Reuters: 06/10
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REPORT: PLAN MEXICO

by: Maya Schenwar, t r u t h o u t | Report

As Congress gears up to fund another year of war and occupation in
Iraq and Afghanistan, it is also readying a nearly
half-billion-dollar aid package that would initiate a Colombia-like
drug war in Mexico. The majority of funds would fuel the Mexican
military, known for rampant human rights abuses and participation in
organized crime. In May, the House and the Senate both approved
versions of the drug-fighting legislation, dubbed "Plan Mexico,"
tucked into the "Global War on Terror" supplemental spending bill.
The House Foreign Affairs Committee simultaneously passed a bill
authorizing $1.1 billion for Mexico over the next three years. The
Bush administration propelled the plan forward this spring, with the
president calling it "an important project to help implement a dual
strategy to deal with crime and drugs" that will "benefit the people
of Mexico and the United States."

Yet, according to human rights advocates, the plan prioritizes
companies over people, lining the pockets of American defense
contractors while putting both political dissidents and ordinary
Mexican civilians at risk. Government documents leaked to the
nonprofit Center for International Policy provide an idea of what the
specifics of the plan will look like: more than half the funds would
pay for technology and personnel to bolster the Mexican military's
counternarcotics operations. The initiative would ignore the US's own
involvement in