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Se responsabiliza a Ulises Ruiz Ortiz por la Violación de Derechos en Oaxaca 2006-2007: No Se Aplicó Castigos.

Los jueces decidieron únicamente que URO no cumplió su obligación a mantener el orden público y que su omisión fomentó el desorden general en la ciudad capital y las áreas adyacentes.
By: 
Nancy Davis para Narco News (traducido por CASA Chapulin)

La Corte Suprema Invalida la Opinión del Juez Mariano Azuela.
 
Ulises Ruiz Ortiz Esta Juzgado Responsable por la Violación de Derechos en Oaxaca 2006-2007: No Se Aplicó Castigos.
   
En un voto histórico de 7 a 4, la Corte Suprema de México responsabilizó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz (URO), por violaciones de derechos humanos.  Rechazando la opinión del Juez Mariano Azuela, la Corte culpa a un gobernante actual por violar garantías de derechos individuales. La única condenación anterior de un gobernante durante su administración, fue causada por una masacre de 17 campesinos en Guerrero en 1995.  Aquel gobernador renunció.
 
El fallo actual justifica las reivindicaciones de muchas organizaciones de la sociedad civil, la APPO (La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca), y la Sección 22 del SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores Educacionales).  El sindicato tiene el liderazgo simbólico en la lucha por justicia social en Oaxaca.
 
La alianza política del PAN-PRD-Convergencia para derrocar el PRI en 2010 saltó de alegría al momento. El partido Convergencia sacó un anuncio a página entera en el periódico Noticias el 15 de Octubre demandando que URO renuncie por dignidad a su cargo como gobernador.  Ejem! El Presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados exhortó al PAN y al PRD no linchar al Gobernador, pero ya que el PRI domina la mayoría de la legislatura del estado, supongo que fue retórico. El Gobierno del Estado de Oaxaca (ahora ¿quién podrá ser?) aseguró al publico que estaría atento a la conclusión. ¿Investigarse a si mismo por actos criminales? El deputado del PAN Javier Corral Jurado urgió que la Procuraduría General responda al fallo y “ponga responsabilidad penal y administrativa adecuada”.
 
Y allí esta lo malo. La decisión de la Corte no trae castigo menos la reacción y presión política. Sin embargo, la líder priista Beatriz Paredes, declara su apoyo para Ulises Ruiz.
 
Como siempre, fui al zócalo para ver las multitudes. No había. Solo había una mesa puesta por el PRD para recoger firmas para que ciudadanos se opusieran a los nuevos impuestos federales. Estaba buscando pancartas con la frase ´Ya Cayo´ y quizás alguien bailando en la Alameda. Nada.  Supongo que después del anuncio original de Mariano Azuela, los activistas se callaron, a pesar de las fotos mostrando la APPO y los maestros batallando a la policía afuera de la Corte en DF. O quizás, la victoria no vale la pena.
 
Los miembros de la Corte, que tenían razones diferentes por oponerse a Azuela, no incluyeron una condenación al ex-Presidente Vicente Fox (del PAN, que también es del partido de Calderón) y a oficiales de su gabinete. Tampoco culparon a Jorge Franco Vargas, ´El Chucky´ quien actuó como el Secretario de Gobierno de Oaxaca durante la represión, ni a la Procuraduría del Estado, Lizbeth Caña Cabeza. Hoy los políticos de la oposición están demandando castigos a ellos.
 
Los jueces decidieron únicamente que URO no cumplió su obligación a mantener el orden público y que su omisión fomentó el desorden general en la ciudad capital y las áreas adyacentes.  En una sesión en que algunos jueces cambiaron de opinión, la corte rechazó, 8 a 3, la propuesta de añadir aVicente Fox, Eduardo Medina Mora (el Ex-Secretario Federal de la Seguridad Pública), y Carlos Abascal, que fue el Secretario de Gobierno, a la lista de culpables por permitir la carencia de gobernabilidad en el estado que permitió la violación de derechos fundamentales.  
 
La investigación, solicitada en 2006 por la Cámara de Deputados, duró un año y medio y fue resuelta en dos días de discusión. La decisión esta revuelta, especialmente por no mandar a las tropas federales mas pronto en respuesta a las peticiones de URO y la legislatura del estado para reforzar a las fuerzas locales.  Sin embargo, los jueces se pusieron de acuerdo de que había una violación general de derechos y culparon a algunos comandantes de la policía estatal: el Director General de Seguridad Publica José Manuel Vera Salinas, el Director de la Policía Ministerial José Moreno Rivas, y el Director del la Policía Auxiliar Joaquín Darío Berges.  También, culparon a tropas federales y locales por el uso excesivo de fuerza.
La contradicción de “gobernabilidad”- la APPO y la Sección 22 exigieron una declaración de no gobernabilidad, lo que ahora los jueces lamentan- fue reconocido en el contexto de el fracaso de URO en cuanto que tomó medidas duras contra el movimiento antes de que perdiera el control.
Además, el presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, reprobó a URO por intentar pasar sus problemas estatales a las autoridades federales. El juez Silva Meza, fue el único que argumentó que la violación de derechos continuó después de la inauguración de Calderon.  Silva, claramente en la minoría, tenía éxito solamente en añadir “el derecho a información” a la lista de garantías violadas.
Según el Juez Silva, los acontecimientos en Oaxaca mancharán las páginas de la historia de Oaxaca. Acusó a Daniel Cabeza de Vaca, el entonces Procurador de México, de haber mentido en su informe de la represión por negar que agentes federales participaran en redadas sin tener ordenes judiciales. También, censuró al Ejército por no publicar los nombres de los soldados que participaron en operaciones dirigidas por la PFP, en las cuales cientos de Oaxaqueños fueron brutal mente atacados y detenidos.
También, señaló que el Ejecutivo, Secretario de Gobierno, el Jefe de Seguridad Publica, y Procuraduría durante los eventos en Oaxaca fueron los mismos durante el asalto de Atenco.

La resolución responsabilizando a Ruiz fue aprobado por los Jueces, Guillermo I. Ortiz Magoitia, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío, Fernando Franco, Genaro Góngora, José de Jesús Gudiño Pelayo, y Olga Sánchez Cordero.  En su forma final se lo enviará al presidente de México, al Congreso, a los Gobernadores, a las Procuradurías (incluyendo la Procuraduría Federal), y los Jefes de las Fuerzas de Seguridad Publica Federales, Estatales, y Municipales.

La decisión fortalece a la alianza política anti-PRI para 2010.  Esperamos ver los beneficios que traiga para la lucha local.

 
 

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