DECLARACIÓN POR EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LA BARRA DE INGLATERRA Y GALES
El 4 de diciembre del 2009, el Comité de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales concluyó una delegación internacional  de abogados de derechos humanos de alto nivel en México. 

El propósito de la delegación fue hacer una auditoría independiente e imparcial de la situación de derechos humanos en Guerrero y Oaxaca, principalmente sobre el acceso a la justicia, el respeto al Estado de derecho y la capacidad de los abogados y defensores de derechos humanos a ejercer su trabajo con libertad.

El Comité de Derechos Humanos de la Barra se impresionó por la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales. Sostuvo reuniones con el Secretario de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como autoridades estatales y municipales en Guerrero y Oaxaca. La delegación también se reunió con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Embajada Británica, abogados y defensores de derechos humanos nacionales en México, Oaxaca y Guerrero. La delegación lamenta que la Secretaría de la Defensa Nacional y el Procurador de Justicia de la República no pudieran recibirlos y contribuir a sus conclusiones.

Los compromisos positivos del Estado Mexicano para implementar políticas de derechos humanos a nivel federal han esperanzado a los miembros de la delegación. Sin embargo, subyacen obstáculos culturales e institucionales en los sistemas de justicia y de seguridad pública que están minando la capacidad del gobierno a combatir la impunidad y las violaciones a derechos humanos.

Los miembros de la delegación están profundamente preocupados por estas debilidades  institucionales que están afectando en todos los niveles de gobierno a los más pobres y vulnerables de la sociedad mexicana, incluyendo los pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos. Estas inquietudes fueron evidenciadas por la impunidad en los casos de supuestas violaciones, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. Estas violaciones han sido agravadas por una falta de independencia e imparcialidad en las investigaciones.  Es el caso de  Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía, líderes indígenas y víctimas de tortura y ejecución extrajudicial. La delegación recibió información que consta que las autoridades encargadas de la investigación han sido lentas en reaccionar. La delegación está preocupada que su desaparición y ejecución pudieran estar vinculadas a su trabajo de promoción de los derechos del pueblo indígena mixteco.

La delegación reconoce la necesidad de combatir el narcotráfico. Sin embargo, el uso del ejército mexicano para lograrlo ha resultado en abusos a derechos humanos e impunidad para los agresores militares. Por ejemplo, el no haber enjuiciado a los responsables en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, presuntamente violadas por soldados en el 2002, y Bonfilio Rubio, presuntamente asesinado en un retén militar en junio del 2009, significa que esta impunidad dentro del sistema militar, provoca que las comunidades locales sean más vulnerables a los abusos a los derechos humanos.

La delegación también reconoce que el uso del fuero militar en casos de abusos a los derechos humanos de civiles cometidos por elementos militares han sido ampliamente criticados. La delegación anticipa con mucho interés el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Rosendo Radilla. Se espera que la sentencia se pronunciará definitivamente sobre la jurisdicción militar en México. 

El número significativo de individuos que deberían ser beneficiarios de medidas cautelares y provisionales emitidas por el Sistema Interamericano para la protección de víctimas y defensores de derechos humanos en Guerrero y Oaxaca evidencia un grave problema. La inadecuada implementación de estas medidas añadida a la inseguridad continua ha desabilitado el funcionamiento adecuado de  organizaciones como la Organización del Pueblo Indígena Me'phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña- Tlachinollan en Guerrero y los integrantes de la comunidad de Santo Domingo Ixcatlán en Oaxaca. La seriedad de esta situación es ilustrada por la clausura de las oficinas de Tlachinollan y la OPIM en Ayutla. Los miembros de la delegación recomiendan al Estado y a las autoridades estatales y federales  asegurar la implementación efectiva de las medidas de protección otorgadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La Delegación recuerda al Gobierno Mexicano su responsabilidad en proteger a los Derechos Humanos en acuerdo con sus compromisos regionales e internacionales.

El acceso a la justicia es un problema fundamental para México en sus esfuerzos para proteger a los derechos humanos. La falta de priorización de recursos limitados, las investigaciones inadecuadas, las deficiencias en el número de traductores para la población indígena, la corrupción y burocracia excesiva han llevado a una falta de fe y desconfianza en el sistema de justicia. Por ejemplo, la delegación se reunió con Raúl Hernández en Ayutla, Guerrero y con los abogados de Juan Manuel Martínez en Oaxaca. Estos dos casos tienden a sugerir la falta de respeto de los principios del debido proceso en el sistema de justicia penal, y destaca la necesidad de profesionalizar los estándares dentro de los sectores policíaco y judicial. La delegación llama a las autoridades mexicanas a asegurar investigaciones completas, imparciales y expeditas para enjuiciar los culpables de estas violaciones a derechos humanos.

Un informe completo de las conclusiones de la delegación será publicado a principios del próximo año. 

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Información de Fondo:

El Comité de Derechos Humanos de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales es la entidad que trabaja en el área de los Derechos Humanos Internacionales de la Barra de Abogados de Inglaterra y Gales. Es un organismo independiente que se involucra principalmente en la protección de los derechos de los abogados y jueces de todo el mundo. También se interesa en la defensa de la ley y los valores legales reconocidos internacionalmente en relación a los derechos humanos y al derecho a un debido proceso.

El Comité de Derechos Humanos de la Barra llevó a cabo la delegación del 30 de noviembre al 4 de diciembre del 2009.

La delegación se reunión con: La organización del Pueblo Indígena Mephaa (OPIM), El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, El Monitor Civil de la Fuerzas Armadas y de Seguridad de la Montaña (MOCIPOL), Centro  de Derechos Humanos y Asistencia a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), CONSORCIO, EDUCA, Comité 25 de Noviembre, Red Nacional Todos los Derechos para Todos y Todas (Red TDT), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (ProDH), Comisión Mexicana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Los integrantes de la delegación son: Nancy Allison (Canadá), Sarah-Anne Barriault (Canadá), Kay Bridger-Riley (EEUU), Nigel Dodds (Reino Unido), Cara Gibbons (Canadá), Anna Green (Reino Unido), Adam Hiddleston (Reino Unido), Ajanta Kaza (Reino Unido), Jacqueline Macalesher (Reino Unido), John No (Canadá), David Palmer (Reino Unido), Jasmina Prpic (Alemania) y Rod Ramsden (Reino Unido). 
 

Para más información por favor contactar la BHRC en Londres, Reino Unido por mail:  bhrc@compuserve.com