La guerra contra las drogas en México está publicada extensamente en los Estados Unidos, con cobertura en los periódicos de la violencia casi diario, que es el resultado del narcotráfico y la guerra en su contra. El narcotráfico es un tema muy importante en México porque el presidente actual, Felipe Calderón, ha prometido una respuesta fuerte del ejercito hacía los carteles desde que empezó su presidencia en el 2006. Debido a esta política, ha habido un incremento de violencia, con más de 13,600 muertos resultados de su guerra contra las drogas, según The New York Times. Sin embargo, este tema es más complejo que solo una lucha entre carteles y el ejército. El tráfico de drogas es la fuente de ingresos más grande de México y la actividad ilegal funciona basada en un sistema de corrupción en el ejército, la policía, el gobierno, y los bancos. El gobierno mismo de México ha reportado que 60% de los policías de todos los niveles son bajo el control de narcotraficantes, y en el ejército, miembros hasta los niveles de general han estado detenidos y enjuiciados por estar recibiendo pagos por los carteles. Los carteles mexicanos dependen de una demanda constante de drogas en los EEUU, como su primera fuente de cocaína, mariguana, y metanfetamina. Los carteles también dependen de la pobreza y las pocas oportunidades de empleo en México. Ya que trabajar en un cartel proviene una mejor fuente de ingresos que opciones de empleo legales, es un incentivo para participar en el crimen organizado. Como explicó Todd Miller, empleado de Witness for Peace (Testigo por la Paz), las tres opciones más comunes para ganarse la vida en México son inmigrar a los EEUU, ingresar a la economía informal, o involucrarse en el crimen organizado. Witness for Peace es una organización no-gubernamental de los EEUU que trabaja para cambiar la política extranjera de los EEUU y practicas de corporaciones que contribuyen a la pobreza y opresión en Latinoamérica. Aunque Miller tiene cuatro años de experiencia trabajando en México con Witness for Peace, las opiniones expresadas en este artículo son suyas y no necesariamente de la organización.
    Juntándose a la estrategia militar de Presidente Calderón para combatir el rimen organizado, el presidente de los EEUU anterior, George Bush le ayudó creando la Iniciativa Mérida. La Iniciativa da $1.4 mil millones a México sobre los próximos tres años, incrementando ayuda a la policía y al ejército mexicano por parte de los EEUU por más de10 veces a través de la provisión de helicópteros, equipo de vigilancia como exploradores del Ion, y programas de entrenamiento. La Iniciativa Mérida fue anunciada en octubre del 2007, recibida con mucha protesta por organizaciones no-gubernamentales.
    Una de estas organizaciones fue Witness for Peace, la cual tiene una oficina en Colombia y ha estado monitorieando los efectos del Plan Colombia, un acuerdo entre los EEUU y el país para combatir narcotráfico allá. Aunque el gobierno de los EEUU ha negado comparaciones entre el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida (también llamado “Plan México” por las similaridades entre los dos), ambos representan una estrategia militar para combatir el tráfico de drogas. Mucho de la resistencia fue porque el Plan Colombia, que empezó en el 2000, no ha tenido éxito, como aun el gobierno de los EEUU ha admitido en informes. Miller dice que hay más producción de coca en Colombia ahora que cuando empezó el Plan Colombia. Kristen Bricker, una correspondiente de NarcoNews que hace un reportaje extenso de la guerra contra las drogas en México, comenta que el Plan Colombia ha sido exitoso en destruir los carteles grandes del país pero en su lugar, miles de carteles pequeños se han formado. Debido a eso, organizaciones no-gubernamentales dudan el éxito de una estrategia militar al narcotráfico. Robert Jereski, miembro fundador de Friends of Brad Will (Amigos de Brad Will), una organización no-gubernamental de los EEUU que ha luchado contra la Iniciativa Mérida desde el 2006, dice, “por toda la evidencia, esta estrategia militar al narcotráfico ha sido un fallo entero, sin éxito.” La Iniciativa Mérida, a diferencia del Plan Colombia, no incluye ningún requisito o prueba contra cual se pueda medir su éxito o fallo, que “no es nada sorprendente” para Jereski, debido a los resultados del Plan Colombia.
    A pesar de las protestas, la Iniciativa Mérida fue aprobada como ley el 30 de junio del 2008. El Presidente George Bush liberó $400 millones de los fondos en el 2008 y 2009, y en marzo del 2009, el presidente actual de los EEUU, Barack Obama, aprobó $300 millones. Aproximadamente el 80% de los fondos fueron usados para armamento, sobre todo helicópteros. De hecho, el Presidente Obama quiere incrementar fondos sobre lo que pidió Bush, que Jereski describe como una “muy desanimante la traición de su promesa de una más amigable política externa.”
    La preocupación principal de organizaciones de justicia social fue el costo en derechos humanos de un incremento financiero en apoyo del ejército y de la policía mexicana, que ha cometido violaciones de derechos humanos. Para abordar este asunto, la Iniciativa Mérida estipula que la liberación del 15% de los fondos es bajo la condición de cumplir con cuatro requisitos de derechos humanos: primero, la transparencia y responsabilidad de policía federal, estatal, y municipal, segundo, que autoridades civiles investiguen y procesen a miembros de la policía y del ejercito cuando han cometido violaciones de derechos humanos, tercero, que el gobierno y las autoridades consulten con las organizaciones de justicia social en México, y finalmente, que la prohibición de confesiones obtenidas bajo la tortura sea aplicada. Bricker describió esas condiciones como una forma de dar una buena imagen a la Iniciativa Mérida y esconder las políticas verdaderas. El Departamento del Estado de los EEUU lanzó un informe en agosto titulado “México-Informe de la Iniciativa Mérida,” sobre lo que Bricker escribió, intentando de comprobar que México esta cumpliendo con las condiciones para recibir el 15% de los fondos. Sin embargo, recomendaciones de una investigación reciente de las Naciones Unidas sobre estado de derechos humanos en México sugieren otra cosa, expresando preocupación especialmente sobre el asunto de procesos militares en vez de un proceso civil para violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad publica y la aceptación de confesiones hechas bajo tortura “El costo de la liberación de esta ayuda es el sacrificio de la protección de futuras victimas de [violaciones de] derechos humanos en las manos de las fuerzas de seguridad mejor armadas y entrenadas en Latinoamérica,” dijo Jereski.
    Organizaciones de derechos humanos están en contra del uso del ejército para hacer el trabajo de la policía porque el ejército no está entrenado para trabajar en asuntos domésticos y con civiles. Witness for Peace llevó a un grupo de mexicanos que trabajan en organizaciones de justicia social a Washington, D.C. para, entre otros eventos y discursos, cabildeo en el congreso de los EEUU. Eso fue en otoño del 2007, cuando la Iniciativa Mérida estaba siendo introducida a congresistas, para enfatizar la posibilidad de que los fondos podrían ser usados para violaciones de derechos humanos. Un miembro del grupo del tour de Witness for Peace fue Miguel Ángel Vásquez de la Rosa, de Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), en donde actualmente trabaja en un proyecto para incrementar participación popular en el sistema político, y reducir la corrupción en el gobierno. EDUCA radica en Oaxaca, un estado en el sur de México, que fue sitio de un conflicto intenso entre el pueblo y el gobierno en el 2006. Un movimiento social luchó para la dimisión del gobernador del estado y para la creación de un gobierno estilo asamblea popular, la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO). El conflicto resultó en enfrentamientos violentos entre la policía federal y activistas sin armas, con hasta 26 muertos. Uno de los muertos fue un reportero de Indymedia de Nueva York, Brad Will, quien fue matado a balazos cuando estaba filmando un documental sobre el conflicto. Testigos y fotos, publicadas en el diario El Universal, provienen evidencia que sus asesinos fueron oficiales locales. El gobierno de los EEUU incluyó una sección en la ley liberando fondos para la Iniciativa Mérida que el caso de Brad Will tendrá que ser resuelto en un proceso justo máximo 45 días después de que la ley entró en efecto. El gobierno de Oaxaca respondió con la detención de Juan Manuel Martínez Moreno el 17 de octubre del 2008. Martínez Moreno era activista de la APPO quien corrió al lado de Will después de que fue muerto a tiros para salvarle la vida, y no fue ninguno de los oficiales locales capturado en la evidencia fotográfica. Martínez Moreno sigue en prisión. Jereski dice que los fondos Mérida están “recompensando un gobierno que no nada más mató [a Brad Will] pero lo escondió en culpar un activista… [El gobierno mexicano no está] demostrando señales de cooperación y aplicación de la ley que los EEUU deben de sancionar. Friends of Brad Will también protestó la Iniciativa Mérida en Washington, D.C. En el 2007, ellos interrumpieron audiencias gubernamentales sobre la Iniciativa porque, como dice Jereski, “el testimonio fue tan evidentemente imprudente de los derechos humanos de los mexicanos [y otra] gente [que el gobierno de los EEUU] ha estado armando.” El criticó los papeles de dos representantes de Nueva York, Eliot Engel y Nita Lowey, que tenían papeles claves en la aprobación de la Iniciativa Mérida, diciendo que “Engel, como presidente de la Subcommittee of Western Hemispheric Affairs (Subcomité en Asuntos Hemisféricos Occidentales)…rechazó invitar oponentes de la Iniciativa a las audiencias que el manejó.” Lowey es presidente de la Foreign Operations Subcommittee (Subcomité de Operaciones Extranjeras) de la Appropriations Committee (Comité de Apropiaciones), a través del cual el dinero esta dado. Jereski dice “ninguno de los dos hicieron caso a llamados de sus constituyentes para oponerse al Plan México y ninguno hice un esfuerzo para usar su poder considerable para demandar responsabilidad en el asesinato de docenas de inocentes en las manos de fuerzas de seguridad mexicana, incluyendo [Brad Will], un ciudadano que vivió y trabajó en el estado de Nueva York por años.
    En la experiencia de Vásquez de la Rosa, los congresistas con cuales el habló en Capitol Hill, incluyendo Raúl Grijalva, John Hall, Kirsten Gillibrand, Robert Menéndez, Dodd Chair, Presidente Engel, Michael McNulty, Dan Burton, Ros Lehtinen, y Senador Corker, fueron receptivas a su perspectivo de la Inciativa Mérida y expresaron preocupación sobre el estado de los derechos humanos en México, especialmente como resultado del asesinato de Brad Will, y sobre la corrupción en el gobierno de México. Vásquez de la Rosa compartió su experiencia en Oaxaca de represión política muy fuerte del movimiento no violento y no armado de la APPO y sobre las violaciones de los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad de todos los niveles del gobierno. De hecho, este otoño, la Suprema Corte de Justicia en México encontró que el gobernador mismo de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, fue culpable de violaciones de derechos humanos cometidos durante el movimiento del 2006. Sin embargo, el sigue siendo gobernador del estado.
    Vásquez de la Rosa dijo que aunque las condiciones de derechos humanos sobre la liberación del 15% de los fondos de Plan Mérida están bien, México no cumpla con los criterios. El dice que organizaciones de justicia social tendrán que tener un papel más poderoso y más claro para la supervisión efectiva de los fondos, porque no hay mecanismos claros para la supervisión transparente de los fondos Mérida. Aunque organizaciones de justicia social escriban informes o hagan recomendaciones, el gobierno simplemente no les hace caso. Vásquez de la Rosa tiene el mismo sentimiento de muchos otros grupos de justicia social en México cuando dice que tres años después de que Calderón empezó su guerra contra las drogas y mandó al ejército para combatir carteles, el nivel de inseguridad y violencia solamente se ha incrementado. También dice que la guerra contra las drogas ha resultado en cambios perjudiciales al sistema de justicia mexicana, hablando del concepto de arraigo, o cuando un sospechoso de un crimen puede ser detenido entre 80 y 120 días sin acusación en lo que el gobierno intenta de juntar evidencia, y una ley nueva que permita a fuerzas de seguridad de entrar a casas y buscar drogas o armas sin autorización. Bricker lo describe como una “pista de crimen organizado con poco proceso justo.”
    Vásquez de la Rosa sugiere la necesidad de otra táctica en la guerra contra las drogas, diciendo que una inversión en seguridad no es suficiente contra la pobreza y corrupción que hay en México. El dice que el Tratado de Libre Comercio entre los EEUU, México, y Canadá, que entró en efecto en 1994, ha exacerbado la pobreza en México, desplazando a 2 millones de granjeros pequeños, e incrementado dramáticamente la inmigración a los EEUU para que la gente pueda ganar lo necesario para vivir. Debido a eso, inversión en el desarrollo económico de México es la clave para desmontar el poder de los carteles, especialmente en términos de crear fuentes de trabajo. Jereski critica también la Iniciativa Mérida como “una respuesta a la movilización contra la pobreza y otras dislocaciones sociales, culturales, y económicas causadas por el Tratado de Libre Comercio.”
    Vásquez de la Rosa dice que una modernización del sistema de justicia en México es necesaria porque el nivel de desconfianza pública en las fuerzas de seguridad es alto. Según él, “de cada 100 crímenes, solamente 25 están denunciados, y nada más 5 resueltos” con acción judicial. Los fondos de la Iniciativa Mérida podrían apoyar a violaciones de derechos humanos y a la criminalización de protestas, de lo cual el conflicto en Oaxaca del 2006 es solamente un ejemplo. Bricker ha reportado sobre la detención de José Manuel Hernández Martínez (conocido como Don Chema) el 30 de septiembre del 2009, un líder de la Organización Campesina Emiliano Zapata—Región Carranza (OCEZ) en Chiapas que promueve invasiones de tierra para que campesinos tomen y legalicen tierras en el estado. El y el OCEZ fueron acusados de estar trabajando con organizaciones que trafican drogas, armas, y migrantes. La policía revisó comunidades afiliadas con el OCEZ con exploradores del Ion y no encontraron ninguna arma, ninguna droga, y ningún migrante. Bricker lo llamó un “caso de prueba” para ver como reacciona la sociedad civil a detenciones de este tipo, y si esta medida puede ser aplicada a otras organizaciones disidentes. Don Chema ha sido liberado bajo fianza por presión política, pero sigue enfrentando dos acusaciones menores y su pueblo sigue ocupado por la policía.
    Hillary Clinton su misma ha nombrado dos fuentes de la violencia relacionada al narcotráfico: “la demanda insaciable para las drogas” en los EEUU y el trafico ilegal de armas. Ninguna de las dos ha sido tratada en la Iniciativa Mérida. Jereski dice que “dar fondos al ejercito es una respuesta no muy practica a un asunto de salud publica para lo cual fondos son necesarios para reducir [el numero] de consumidores de [drogas],” comparando la situación actual a la prohibición de alcohol en los EEUU en los años 1930. Un estudio por la Corporación RAND encontró que programas domesticas de prevención del uso o rehabilitación de adictos a drogas son diez veces más efectivo por el costo que programas de prohibición de drogas. Bricker, Jereski, y Miller están de acuerdo que alguna forma de legalización de drogas es necesaria. Jereski dice que marihuana cuenta como 75% de los recursos de carteles, y presidentes de México, Ecuador, y Bolivia han recomendado que los EEUU examinen la legalización o descriminalización de esta droga. En la que los gobiernos de los EEUU y México enfrentan con más fuerza las drogas, los precios se incrementan y llegan a ser más provechoso—y la violencia se incrementa también. Un estimado del 90% de armas usadas por los carteles vienen de los EEUU, un asunto que Vásquez de la Rosa notó es clave a la violencia. La Iniciativa Mérida no incluye ningún mecanismo para combatir el tráfico ilegal de armas.
    A través de la Iniciativa Mérida, los EEUU da recursos a la guerra contra las drogas de Presidente Calderón, entrenando y armando a la policía y al ejército en México, pero no incrementan esfuerzos para combatir el tráfico ilegal de armas o incrementan fondos para programas de prevención o rehabilitación para combatir el uso de drogas en los EEUU. La solución militar al trafico de drogas pone a ciudadanos, organizaciones de sociedad civil, y activistas mexicanos a riesgo de violaciones de derechos humanos. Para protestar la Iniciativa Mérida o saber más, haga clic en www.witnessforpeace.org, www.friendsofbradwill.org, o www.narconews.com.